Kutxabank confirmó ayer que su presidente, Gregorio Villalabeitia, cobrará 600.000 euros anuales de sueldo fijo, más 200.000 euros variables por resultados. En caso de cumplir los objetivos marcados, la retribución será por tanto un 73% superior a la obtenida por su antecesor en el cargo, Mario Fernández, en su último año, cuando ganó 463.500 euros.

La noticia fue avanzada por el Grupo Vocento, en el contexto de la evidente guerra abierta entre el anterior equipo y este, que ha tenido como mayor exponente la denuncia de los pagos a Cabieces. Fuentes de Kutxabank lo confirmaron durante la jornada a diversos medios. Apuntaron que este incremento salarial pasó por la Comisión de Retribuciones y fue aprobado por el Consejo de Administración el pasado 18 de diciembre; es decir, pocos días después de que Villalabeitia tomara el cargo.

La agencia Europa Press indicó que el nuevo presidente esgrimió que durante los tres años anteriores a su incorporación a Kutxabank su sueldo había sido superior como socio de la firma española de selección de directivos Siegel y Conde, donde trabajaba desde 2006.

Desde el banco añaden que su antecesor en el cargo, Mario Fernández, ganaba 615.000 euros, pero a lo largo de su presidencia bajó su remuneración a 500.000 euros, y en una medida adoptada para toda la alta dirección del banco quedó finalmente en 463.500 euros.

Desde Kutxabank argumentan en su defensa que, en una comparativa del sueldo del presidente con el baremo actual en el sector, la retribución de Villalabeitia está en la parte baja, en la línea de la cantidad establecida para las entidades intervenidas, tanto en el sueldo fijo como en el variable.

En la misma línea mantenida ante el escándalo de los pagos a Cabieces, Lakua intenta lavarse las manos también en este asunto. El portavoz, Josu Erkoreka, aseguró ayer que el Gobierno «no tiene nada que decir» sobre la subida en un 73% de las retribuciones del presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, por tratarse de una entidad privada.

La Plataforma contra la Privación de Kutxabank, por contra, ve probado que este proceso «está siendo el caldo de cultivo para tratos de favor, pago de voluntades y la utilización de cargos para beneficio personal y partidario».

La Diputación de Gipuzkoa volvió a avanzar ayer, por segunda semana consecutiva, que en la investigación de la obra de la AP1 están apareciendo nuevos indicios de corrupción, que por el momento no explicita. Este caso ya está en el Juzgado de Azpeitia, donde se investiga si se facturaron trabajos no realizados como un movimiento de tierra del tamaño del estadio de Anoeta y ya ha sido imputado el ex director técnico de Bidegi. A ello le sumó ayer la portavoz, Larraitz Ugarte, la afirmación de que hay vinculaciones entre militantes «significativos» de PNV y PSE con la empresa de ingeniería que certificó esos trabajos sospechosos.

Ugarte manifestó incluso que los datos de que disponen coinciden mucho con lo expuesto el viernes por Mario Fernández sobre «un pacto de Estado que ha funcionado 30 años» y que tenía como fin «pagar servicios prestados». «Si vemos la composición de la ingeniería que ha hecho eso, hay mucho de lo que ha dicho Mario Fernández», sostuvo la portavoz de la institución gobernada por Bildu.

Precisamente ayer PNV y PSE intentaron en las Juntas Generales de Gipuzkoa impedir la comisión de investigación sobre el asunto de Bidegi. Sin embargo, el PP votó a favor de tramitar la propuesta de EH Bildu, por lo que en principio la investigación se pondrá en marcha. El PNV votó en contra y el PSE se abstuvo. La decisión deberá ser ratificada en el Pleno de las Juntas la semana próxima.

La Mesa de las Juntas Generales de Gipuzkoa tramitó esta petición destinada a esclarecer «si ha habido uso indebido de dinero público, si para ello se han falsificado documentos y si hay responsabilidades políticas en estas actuaciones investigadas».

En un comunicado, el grupo juntero de EH Bildu recordó que la Diputación presentó en noviembre de 2014 una querella para que se investigue judicialmente el supuesto pago por parte de Bidegi de, por lo menos, 3,4 millones de euros por unos trabajos no realizados en el tramo Eskoriatza norte-Arrasate norte de la AP1. El Juzgado de Azpeitia aceptó la denuncia a trámite y tres personas que participaron en la liquidación de la obra declararán como imputados, posiblemente en marzo después del aplazamiento producido hace un par de semanas. Se trata del ex director técnico de Bidegi Agustin Zugasti y de dos representantes de las empresas.

EH Bildu plantea que esta comisión pida toda la documentación e informes existentes a la Diputación, además de la comparecencia de topógrafos, secretarios y asesores técnicos y juristas de Bidegi. Quiere citar también al director de Carreteras y a la diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias.