El derecho a ser escuchadas y a vivir sin miedo

«La Verdad de las Mujeres. Víctimas del conflicto armado en Colombia» recoge la voz de más de mil mujeres víctimas de la guerra. La investigación, en la que también participó en calidad de asesor el vasco Carlos Martín Beristain, se centra en cómo han vivido estos hechos victimizantes, qué consecuencias tuvieron para ellas, cómo los han afrontado, cómo han rehecho o no su vida y cómo miran al futuro.

«Las consecuencias de la violencia en las mujeres no son daños colaterales de un conflicto armado. Son impactos que necesitan escucharse y reclaman un reconocimiento; son memorias fragmentadas que pasan por el cuerpo y la vida de las mujeres; son parte de la historia colectiva, de una verdad social que quiere se compartida», se subraya en la introducción del informe .

«En el cuerpo se hacen visibles las huellas de sus experiencias, que muchas veces no se han podido poner en palabras. Las mutilaciones, la violencia sexual, los embarazos forzados, las consecuencias en la maternidad y los impactos en las relaciones entre hombres y mujeres por la violencia sufrida y cometida por hombres. Todos esos impactos son frecuentemente invisibilizados o quedan en la trastienda del dolor de cada una y, sin embargo, ponen en cuestión un sistema, una ideología y una cultura dominante que considera a las mujeres objeto de control, de violencia o de desprecio», incide. Remarca también que el desplazamiento ha supuesto una «violación masiva» que incluye en ella otras violaciones más.

Subraya, además, que «la tortura ha tenido en Colombia una dimensión colectiva, ha sido parte del terror ejemplificante para generar parálisis o desplazamiento. La tortura física contra las mujeres ha sido frecuente en detenciones y secuestros. Otras violaciones han sido el confinamiento, la detención arbitraria, la toma de rehenes, el reclutamiento forzado».

Entre las recomendaciones de esta Comisión de la Verdad de las Mujeres figura la necesidad de desmilitarizar el país y «el desmonte de la hipertrofia que ha traído consigo el militarismo en las Fuerzas Armadas y de seguridad y los mecanismos que enaltecen los hombres armados y refuerza las mentalidades militaristas», así como generar las condiciones para el desminado de los territorios con minas antipersona u otros artefactos.

Abogan también por impulsar «una cultura de resolución de conflictos desde la no violencia. Promover una ley que respete el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y fomente la cultura de la paz despenalizando la negativa a contribuir a la guerra».

Piden a las guerrillas que «acepten que han cometido graves violaciones contra las mujeres» y al Estado que asuma su responsabilidad y reconozca la violencia sexual como actos actos de tortura, al tiempo que proporciona a sus víctimas un estatus de legitimidad y asistencia para la superación del trauma.

El primer derecho que reivindican las mujeres es «el derecho a vivir sin miedo».