La impunidad se empieza a resquebrajar

Imaginemos que los poderes públicos crearan una ley que permitiera a las fuerzas y cuerpos de seguridad mantener a una persona en un lugar de detención donde no hay cámaras durante 5 días, y además que durante ese tiempo no le dejaran hablar con un abogado en ningún momento. Y además que tengan la posibilidad de tomar declaración a esa persona detenida y que esa declaración pueda utilizarse contra ella en un juicio. Pongamos que un policía quisiera obtener información del detenido, o que firme una declaración. ¿Cómo lo haría? ¿Se liaría a puñetazos con él? No. Utilizaría métodos que no dejaran evidencias, como producir asfixia con la colocación de una bolsa en la cabeza, obligar a realizar ejercicio extenuante, obligar a desnudarse... En ese caso, ¿cómo podría el detenido probarlo?

Esta semana se ha hecho público el resultado de la primera etapa del Estudio del Instituto Vasco de Criminología: se constatan más de 3.500 denuncias de tortura en los últimos 50 años. Un par de días más tarde se publica en prensa que sindicatos de la Ertzaintza están indignados por la difusión del informe, «entienden que ello mancha gravemente la imagen de la Ertzaintza y la deja en una situación en la que parece que esta Policía ha practicado malos tratos, cosa que es «absolutamente mentira». Seguir diciendo que las personas que denuncian haber sufrido torturas mienten es indecente.

La incomunicación solo se aplica en detenciones dictadas bajo la ley antiterrorista, ha sido creada para ello, y se han obtenido grandes resultados con su aplicación. La gran mayoría de los detenidos bajo el régimen de incomunicación confiesan innumerables delitos de forma sorprendente. Y a las pocas horas lo niegan ante el juez. Aun así estas declaraciones «voluntarias y espontáneas» son utilizadas en su contra en posteriores juicios. El que fuera delegado del Gobierno español en Nafarroa y director de la Guardia Civil, Luis Roldán, afirmó en una entrevista que «si no somos hipócritas, uno tiene que entender que si detienes a un señor que ha matado a 23 personas, lo interrogas y confiesa, ¿qué es lo que le ha hecho confesar? Ha habido golpes, presiones físicas que no dejan huella, pero que puedes pensar que se producen. ¿Alguien cree que declaran lo que declaran sin coacciones?».

Hace 34 años Joxe Arregi murió tras permanecer nueve días incomunicado. Tres presos políticos que compartieron con él sus últimas horas observaron que tenía los párpados totalmente amoratados, un enorme derrame en el ojo derecho y las manos hinchadas, y relató: «Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué; saltaron encima de mi pecho, los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes». Según la Comisión de Derechos Humanos de Madrid, 73 policías participaron en los interrogatorios a Joxe Arregi. Excepcionalmente en este caso hubo condenas, pero solo dos fueron condenados y a penas de siete meses de prisión.

En muchos otros casos, aun consiguiendo pruebas fotográficas, la justicia justifica la evidencia con argumentos peregrinos: hace 30 años Mikel Zabalza apareció ahogado en un río y con las manos esposadas 20 días después de haber sido detenido por la Guardia Civil. La versión oficial mantiene que el detenido confesó voluntariamente conocer la existencia de un zulo y que por ese motivo decidieron inspeccionar la zona, a orillas del Bidasoa. Según detallan sus captores, cuando bajaron del furgón, Zabalza, esposado, golpeó a uno de ellos y consiguió huir por un agujero estrecho cercano al río donde le perdieron la pista. Hace 13 años Unai Romano se autolesionó. El juez consideró que la hinchazón generalizada que presentaba en su rostro fue consecuencia de un fuerte golpe frontal contra una superficie dura que el propio Romano se propinó. Hace 7 años Igor Portu y Mattin Sarasola mantuvieron un fuerte forcejeo con la Guardia Civil, estando ya esposados. Igor Portu permaneció 21 días hospitalizado con golpes que pudieron costarle la vida...

En los últimos 50 años se han producido miles de detenciones incomunicadas y miles de personas han denunciado torturas a manos de las diferentes policías como Guardia Civil, Policía Nacional y la Ertzaintza. En los últimos 15 años se han denunciado torturas en el 68% de los casos de detención incomunicada. La casi totalidad de las denuncias han sido archivadas por los juzgados españoles; sin embargo, el Estado español ha sido condenado hasta en seis ocasiones por parte del Tribunal de Estrasburgo por no investigar las denuncias de tortura cuando hay indicios suficientes de credibilidad. Es evidente que si se estimaran las denuncias por tortura no se podrían utilizar las confesiones obtenidas como prueba en los juicios, pero mientras tanto esas declaraciones fortuitas permiten las condenas.

Sin embargo, empieza a haber fisuras en el muro de la impunidad. En 2014 la Audiencia Nacional dicta una sentencia insólita absolviendo a 40 jóvenes por considerar nulas las declaraciones efectuadas ante la Policía mientras estuvieron incomunicados y pone en cuestión que declarasen «en ejercicio de su libertad». Establece que «en el pro- ceso penal la prevención de toda forma de tortura y tratos inhumanos o degradantes pasa por no utilizar información alguna obtenida durante la detención cuando se haya denunciado, de manera verosímil o probable, algún tipo de violencia. De esa manera, el sistema pretende disuadir conductas similares futuras. Porque la libertad de declaración resulta comprometida cuando el inculpado afirma que su voluntad ha sido forzada».

Esa debe ser la exigencia: anulación de las declaraciones policiales cuando haya alegaciones de tortura y en consecuencia, anulación de todos los procedimientos en que se utilizaron dichas declaraciones como prueba incriminatoria. Esa anulación debería acarrear la reiniciación de oficio de las investigaciones de las denuncias de tortura. Todavía hay mucho camino por andar.