La ingeniería de la AP1 admite al juez que la tierra no está en el depósito

Los tres imputados por la presunta malversación de 3,4 millon de euros en la construcción de un tramo de la AP1 en la anterior legislatura declararon ayer ante el juez en Azpeitia. Los abogados de Agustín Zugasti, exdirector de Bidegi; Juan Bautista March, de la ingeniería Eptisa-Cinsa, empresa que avaló los trabajos; e Iván Fernández de Landa, de la UTE Laurena, mantuvieron una estrategia común, basada en hacer preguntas únicamente a sus respectivos defendidos. A los tres se les atribuyen delitos de malversación de fondos públicos y falsificación de documentos.

En el interior, según ha sabido GARA, todos negaron lo denunciado por la actual Diputación de Gipuzkoa, es decir, que se pagaron trabajos no realizados por valor de 3,4 millones de euros en el tramo Eskoriatza Iparra-Arrasate de la citada carretera. Aseguraron que las cantidades pagadas en 2011 se corresponden con los trabajos que se realizaron en relación con el depósito y movimiento de tierras. No obstante, no fueron capaces de responder a algunas de las preguntas que a este respecto les formuló el abogado de la acusación.

La declaración más relevante la realizó Juan March, que admitió que el depósito de tierras de Basagoiti-2 no está colmatado, en contra de lo que dice el documento que él mismo firmó cuando se realizaron los supuestos movimientos de tierra. El ingeniero achacó esta contradicción a un error.

La empresa a la que pertenece se encargó de hacer las mediciones de las obras. Tal y como reveló hace unas semanas la portavoz foral, Larraitz Ugarte, la compañía está siendo investigada por falsificar presuntamente las mediciones en la AP1.

Sobre los informes investigados, March admitió en su declaración de ayer que algunos de los documentos de medición o planos de fin de obra «no son correctos».

El estado del depósito de tierras de Basagoiti-2, ubicado en la localidad de Aretxabaleta, fue la pista para iniciar las investigaciones, porque se suponía, obedeciendo a los informes, que debía estar lleno con tierra proveniente de las obras de la carretera. Sin embargo, faltaba tanta como para llenar el estadio de fútbol de Anoeta.

El ingeniero de Eptisa-Cinsa reveló más aspectos, y dijo que a la causa no se ha entregado toda la documentación. Por su parte, fuentes forales aseguran que toda la documentación relativa a este caso está en manos del juez y que, por lo tanto, eso significa que hay documentación que no está donde debe estar, es decir, en Bidegi. De hecho, la Diputación de Gipuzkoa, cuando recopilaba la información para presentar la querella, detectó que faltaban algunos papeles, que requirió a Eptisa- Cinsa.

Por su parte, Zugasti respondió «no me acuerdo» a muchas de las preguntas que se le formularon. Sobre el depósito de tierras, admitió que apenas estuvo en Basagoiti-2, que creía haber estado «una vez».

La toma de declaraciones, que comenzó sobre las 11.00, terminó pasadas las 16.00. El próximo turno será el de los peritos, el día 26 de este mes, mientras que el próximo 8 de abril, ha sido llamado a declarar un representante de la empresa Team, que hizo una medición de la tierra vertida en Basagoiti-2 en el año 2012, en la que determinó que estaba lleno hasta la mitad, tal y como sostiene la institución foral guipuzcoana.

Esta empresa recibió el encargo de elaborar un proyecto para rehabilitar las zonas dañadas por la construcción de la AP1 en la zona de Eskoriatza, dentro del cual incluyó el citado vertedero.

Fraude y responsabilidades

El presunto fraude está relacionado con determinados movimientos y extracciones de tierras realizadas en el citado tramo y el depósito de sobrantes de tierra Basagoiti-2, que figuró como lleno al 99,78% en las certificaciones incluidas en la liquidación final de la obra, pagada en 2011, jornadas antes de que Bildu accediera al Gobierno foral.

Las mediciones efectuadas por los actuales gestores de Bidegi en 2014 demostraron que ese vertedero no estaba lleno, sino que en él hay 900.000 metros cúbicos menos de tierra que lo que figura en la certificación que se pagó en 2011.

Para preguntar sobre el destino del dinero, la coalición soberanista llevó a cabo una concentración frente a los juzgados de Azpeitia. Allí, Joseba Permach dijo que «además de una necesaria investigación penal y judicial, es fundamental que la ciudadanía sepa cuál es la responsabilidad política que existe detrás de este caso. A su entender, «hay responsables políticos claros y nítidos, como son el anterior diputado general y también el anterior diputado de Carreteras, Markel Olano y Eneko Goia».