Los presupuestos más austeros, con amnistía fiscal incluida

Un día después de la huelga general del 29 de marzo, el Gobierno respondió a la masiva movilización con los presupuestos más austeros de las últimas capas. Un hachazo de 27.300 millones que disminuye drásticamente ayudas a la dependencia, al empleo o a la vivienda y que incluyen la polémica amnistía fiscal.

Los largamente esperados Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, que el Gobierno no quiso presentar hasta pasadas las elecciones andaluzas y asturianas, vieron la luz finalmente el 30 de marzo, con un recorte de 27.300 millones de euros y con una amnistía fiscal que permitirá que las personas físicas y las empresas puedan declarar sus bienes ocultos pagando una tasa del 10%.

Las cuentas, calificadas por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de «ajuste muy duro», incluyen nuevos recortes por 27.300 millones de euros. Finalmente, no se incrementa el IVA -de momento- aunque sí que contemplan un incremento del Impuesto de Sociedades. Además, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció la imposición de una tasa judicial que obligará a los afectados a abonar una cantidad en caso de querer recurrir a segunda instancia en determinados procesos en los tribunales.

«Estamos en una situación crítica», resumió Montoro, que presentó los presupuestos junto a Sáenz de Santamaría y José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo. Como viene siendo habitual, Mariano Rajoy, presidente del Ejecutivo, no hizo acto de presencia. El titular de Hacienda subrayó que el objetivo de su gabinete es cumplir con el compromiso de déficit del 5,3% del PIB impuesto por Europa. Para ello, insistió en la receta de recortes que viene aplicando el PP desde su llegada a la Moncloa y que combina con un incremento en los impuestos, medida que ya anunció en diciembre de 2011.

En este caso, el hachazo de los presupuestos afecta a la propia administración central. Los diferentes ministerios tendrán un recorte medio del 16,9% que se reparte de forma desigual en las distintas administraciones. Presidencia (con una reducción del 3,8%) e Interior (4,3%) sufren una mordida más limitada. Por el contrario, Exteriores y Cooperación (54,4%) y Fomento (34,6%) han sido los más afectados. Lo que no puede obviarse es el coste social del adelgazamiento de las cuentas. Por ejemplo, en lo relacionado con la Ley de Dependencia. Las cuentas para 2012 eliminan las partidas destinadas a las personas dependientes, poco después de dejar en suspenso nuevas incorporaciones.

Hachazo al empleo

Esta no es la única medida que afectará a los más desprotegidos. Las cuentas reducen drásticamente las ayudas para el acceso a la vivienda o los planes para la búsqueda de empleo. A las primeras se les aplica una reducción de 322 millones de euros, mientras que para las segundas, la disminución llega hasta los 1.557 millones. Una de las grandes damnificadas es la ayuda a la cooperación y el desarrollo, que tendrá un recorte del 47,6%, lo que se traduce en una bajada de 1.389 millones.

«El objetivo es repartir equitativamente los esfuerzos para hacer frente al déficit», argumentó Sáenz de Santamaría. En esta línea, la vicepresidenta española anunció que se mantendrá la cuantía de las pensiones aunque se congelará el sueldo de los funcionarios, llegando a destacar que, al menos, no bajarán los salarios tal y como ocurrió con el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una medida que viene acompañada con el incremento del horario laboral de estos trabajadores.

Además, Sáenz de Santamaría aseguró que mantendrán las prestaciones por desempleo así como otros «gastos sociales» como las becas. A pesar de este anuncio, Educación es uno de los ministerios que sufre un mayor hachazo, con una reducción del 21,2% y un descenso de las transferencias de 530 millones. «Estamos en una situación límite en lo que afecta a las cuentas públicas y al desempleo», argumentó.

Perdón a los defraudadores

Además del capítulo de gastos, el Ejecutivo apostó por incrementar los ingresos a través de subidas de impuestos, concretamente, a través de una subida de la tasa de Sociedades. No incremenarán los tipos, argumentó Montoro, aunque sí que se ajustarán las deducciones. A su vez, aumentarán los gravámenes al tabaco. Las previsiones pretenden recaudar 12.314 millones de euros, unas cuentas que incluyen la subida del IRPF de diciembre.

Sin embargo, el anuncio que generó un mayor revuelo fue la apertura de un período de amnistía fiscal por el que las empresas o ciudadanos que hayan ocultado sus bienes a Hacienda podrán regularizar su situación pagando una tasa del 10%. Con esta iniciativa, el Ejecutivo dice que incrementará sus ingresos en 2.500 millones de euros. La amnistía fiscal, denominada por el Gobierno español como «Programa especial de regularización de activos ocultos», permitirá que quienes han defraudado a Hacienda y se han beneficiado de los paraísos fiscales reciban el perdón de la administración previo pago de una tasa.

Tal y como ocurrió con la subida de impuestos de diciembre, esta es una medida que choca con el discurso mantenido por el PP hasta su desembarco en Moncloa. En junio de 2010, el propio Mariano Rajoy calificaba de «ocurrencia» una propuesta similar del Ejecutivo del PSOE, mientras que la actual secretaria general de los derechistas, María Dolores de Cospedal, la tildó de «impresentable», «injusta» y «antisocial». Nada que ver con una propuesta implementada cuando apenas llevaban 100 días en el poder.

Para paliar el impacto del anuncio, Montoro anunció un futuro plan contra el fraude fiscal e instó a quienes mantienen sus capitales ocultos a aprovechar esta opción, cuya fecha de caducidad expira a finales de noviembre. El titular de Hacienda instó a que «se utilice lo más pronto posible porque no se volverá a presentar una ventana así, sino al contrario», argumentó, para después vaticinar que quien no se acoja a esta propuesta «se va a encontrar un plan severo de penalización». En principio, el proyecto contra el fraude será presentado en el próximo Consejo de Ministros.

Al incremento de impuestos y los recortes sociales se une la subida de diversas tasas. La primera de ellas, las del gas y la de la luz eléctrica. El ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que las familias tendrán que pagar un 7% más en su factura eléctrica a partir de mañana. La carga será menor para las empresas, cuyo desembolso aumentará entre el 0,91 y el 4%. El gas subirá un 5%.

El Consejo de Ministros también aprobó la propuesta de Alberto Ruiz Gallardón de imponer una tasa judicial para determinados usos de los tribunales. Este gravamen, que oscilará entre los 50 y los 750 euros, se aplicará especialmente en segunda instancia, lo que abre la vía a que solo quienes dispongan de mayores rentas puedan permitirse apelar ante el juez.