Debate de independencia
Escocia, Flandes, Catalunya y Euskal Herria. Las demandas independentistas de varios territorios europeos han irrumpido en las últimas semanas con fuerza en las agendas políticas de Bruselas y las cancillerías europeas, que empiezan a plantearse si, como mantenían hasta ahora, se trata solamente de asuntos internos de los estados.
El escenario es amplio: acuerdo entre Salmond y Cameron para celebrar un referéndum sobre la independencia en 2014, triunfo de los independentistas flamencos en ciudades como Amberes, histórica manifestación independentista en Barcelona y acuerdo en el Parlament para impulsar una consulta de autodeterminación, y por último, amplia mayoría soberanista en el nuevo Parlamento de la CAV. Todo esto ha ocurrido en menos de mes y medio, llevando las demandas soberanistas de varios pueblos de Europa al primer plano de la actualidad y abriendo una pequeña brecha en el debate europeo, monopolizado hasta ahora –y en gran medida, todavía– por la crisis económica.
En tanto que pueblos inmersos en Estados miembros de la Unión Europea, parte del debate se ha traslado al papel de las instituciones europeas ante las demandas independentistas. La postura oficial de la UE sigue siendo que son conflictos internos que cada Estado debe resolver y que no se puede pronunciar al respecto a no ser que el Estado miembro lo pida y ofrezca toda la información necesaria para ello.
Además, la legislación europea no contempla ningún tipo de protocolo sobre la posibilidad de que un territorio de un Estado miembro de la UE se independice. Es decir, ni se habla de expulsión automática del nuevo Estado, ni de la adhesión inmediata. Simplemente, existe un vacío legal.
Pero Europa no tardará
A tenor de declaraciones por parte de altos cargos europeos y de las demandas de los estados afectados, cabe pensar que la UE no tardará demasiado en tomar posiciones. Así se lo han exigido tanto el Estado español –que ha pedido mensajes inequívocos a Europa de que un nuevo Estado independiente no entrara en la UE– como el belga. Su primer ministro, Elio di Rupo, planteó el debate sobre los separatismos en la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada el 18 de octubre. Al día siguiente, el diario belga ‘Le Soir’ afirmó que el primer ministro italiano, Mario Monti, propuso al Consejo Europeo una cumbre informal sobre el ascenso del independentismo.
Respecto a los altos funcionarios de Bruselas, son unos cuantos los que, en las últimas semanas, han roto el silencio oficial y han mostrado su opinión respecto a la postura que la UE debería adoptar ante los procesos independentistas en su seno. Se pueden destacar dos líneas de posicionamiento, concentrados en dos vicepresidentes de la Comisión Europea, aunque uno de ellos pueda no resultar demasiado imparcial. Joaquin Alumnia –también Comisario Europeo de Competencia– declaró el 9 de octubre que «Catalunya no pertenecería a la UE si se independizara». Una semana antes, la primera vicepresidenta de la CE, Viviane Reding, había desmentido ya posicionamientos como el de su subalterno, declarando que «la legislación internacional no dice nada que se parezca a eso (a la salida inmediata de un nuevo Estado independiente)».
Así las cosas, el debate sobre la independencia entra de lleno en el debate europeo y, por ende, internacional, abriendo un nuevo campo de batalla tanto para partidarios como para detractores de la creación de nuevos estados independientes en el siglo XXI. Una partida de ajedrez en la que apenas se han movido las primeras fichas, pero que cobrará una importancia de primer orden, sobre todo en aquellas naciones a las que su Estado niega el derecho a la separación.