La Audiencia Nacional asume la investigación sobre Banca Cívica y pide la de Caja Navarra
La Audiencia Nacional española ha admitido su competencia para tramitar la querella presentada por UPyD contra a los antiguos gestores de Banca Cívica y ha pedido al Juzgado de Instrucción 3 de Iruñea que le envíe su investigación sobre Caja Navarra.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha admitido su competencia para tramitar la querella presentada por UPyD contra a los antiguos gestores de Banca Cívica por los delitos de administración fraudulenta, falseamiento contable, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
A petición de la Fiscalía, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acepta investigar no solo el proceso de fusión de las cuatro cajas –Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol– que dio origen a la entidad y su posterior salida a Bolsa, que eran los hechos objeto de la querella, sino también otras actuaciones previas de los que fueran gestores de Caja Navarra (CAN). De esta manera, le pide a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea que le envíe la investigación sobre CAN iniciada a raíz de la denuncia de Kontuz! contra el expresidente navarro Miguel Sanz y el ex director general de Caja Navarra Enrique Goñi.
Estos últimos hechos integran lo instruido hasta este momento por la juez María Paz Benito, que será asumido ahora por la Audiencia Nacional para «no dividir la continencia de la causa» y por considerar el juez que esas actuaciones previas podrían venir a explicar «el grado total de insolvencia» al que llegó la caja navarra y que llevó a la fusión con Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol en Banca Cívica, la inyección de casi mil millones del FROB y la salida posterior a Bolsa.
Unas actuaciones que van, según recuerda, desde cobros indebidos de dietas, falseamiento de las cuentas, minusvaloración de los activos o despatrimonialización de la entidad derivada de favores a personas relacionadas con la caja.
Justifica así la competencia de la Audiencia Nacional en el grave perjuicio económico causado, unos mil millones de euros, así como en el número de afectados, unos 26.000 inversores, además de que los hechos han repercutido en varias comunidades autonómicas.
No obstantes, Velasco considera que su compañera de Iruñea debería continuar investigando la falta de supervisión externa de la actividad de la CAN y Banca Cívica, ante la ausencia de inspecciones entre 2000 y 2012 puesto que estos hechos serían de repercusión «más local» y no afectan al resto del territorio estatal. Entre otras diligencias, Velasco acuerda en su auto pedir al Banco de España dos peritos y ha solicitado a las partes que antes de una semana le pidan la documentación que crean necesaria para probar los hechos.