172 alcaldes de Gipuzkoa y Nafarroa piden la paralización del proyecto de línea de alta tensión
Un total de 172 alcaldes de Gipuzkoa y Nafarroa han reclamado la paralización de la tramitación del proyecto de línea de alta tensión, que este miércoles Red Eléctrica de España S.A. presenta en las subdelegaciones del Gobierno español en ambos herrialdes.
Según ha informado la Plataforma ‘No a la línea de Alta Tensión’, Red Eléctrica España (REE) quieren presentar el Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto de Ejecución de la Línea de Alta Tensión a 400.000 voltios entre la localidad guipuzcoana de Itsaso y la navarra de Deikaztelu, «haciendo caso omiso de la oposición de 216 Ayuntamientos y Concejos que han aprobado mociones pidiendo la retirada del mismo».
Con el objetivo de responder «de forma inmediata» a la pretensión de REE S.A. de tramitar de forma urgente el proyecto, 172 alcaldes han presentado este miércoles una solicitud al Ministerio español de Industria y Energía, para que este paralice la tramitación y no proceda a la evacuación del trámite de información pública, hasta que no esté aprobada la nueva planificación del sector eléctrico para el período 2014-2022.
Asimismo, han indicado que la existencia de «motivos objetivos» como la contracción de la economía, el descenso de la demanda de energía eléctrica, la paralización de nuevos proyectos de generación eléctrica o el «insostenible déficit tarifario, deberían ser suficientes para que el Ministerio de motu propio adoptase la medida que se le solicita».
Desde la Plataforma han advertido de que esta situación deja a los municipios afectados en una situación de «total indefensión», ante una política «de hechos consumados». «No se entiende por qué el Ministerio envió a los Ayuntamientos el anteproyecto para la respuesta a las consultas previas en pleno mes de agosto y ahora pretende abrir el trámite de información pública en una semana», han denunciado.
Además, han criticado que «más allá del conchaveo» entre la empresa promotora y el Ministerio, la respuesta social y de los entes locales de los pueblos afectados «parece estar en la base de una decisión incomprensible e injustificable».
Finalmente, han insistido en que van a «seguir hasta el final en la defensa del derecho a vivir dignamente en nuestros pueblos», y han exigido al resto de instituciones «que se sumen a esta solicitud de paralización de la tramitación administrativa».