Messi, un detalle más en el gran paraíso fiscal de la Liga

La demanda de la Fiscalía contra Leo Messi por presunta defraudación fiscal se convirtió el miércoles en noticia planetaria y ha hecho correr ríos de tinta desde entonces. Medios y aficionados no dejan de mirar al humo provocado por la actuación judicial, pero el fuego es mucho más extenso, y para encontrar cómo se prendió hay que mirar más en dirección a la Fiscalía -o sea al Estado y todo su entramado institucional- que a los jugadores. Los 4,1 reclamados al argentino son solo un árbol en un bosque de exenciones y rebajas auspiciado por los gobiernos. Y no parece que el caso Messi sea un primer paso para revertir el asalto a las arcas públicas consentido a jugadores y clubes, sino más bien una operación de imagen en un momento en que Bruselas ha puesto la lupa sobre la Liga.

Pero empecemos por el humo, o sea por el caso Messi. Los hechos son bastante sencillos. Se le acusa de regatear a Hacienda los ingresos que obtuvo por derechos de imagen entre 2007 y 2009. No se trata de una ganancia menor, sino del principal ingreso de la mayor estrella del planeta fútbol: cada año cobra 15 millones de euros del Barça mientras obtiene 21 por contratos comerciales, desde natillas a calzoncillos. La Fiscalía afirma que este dinero fue cedido a una red de empresas con sede en paraísos fiscales idóneo para este tipo de rentas, como Belice y Uruguay.

Sin embargo, la primera sorpresa llega cuando su club afirma, y los expertos confirman, que se trata de una práctica absolutamente generalizada entre los futbolistas top. Sandro Rosell, presidente del Barcelona, asegura que esto lo hace «el 95%». Desde instancias judiciales se añade que efectivamente la investigación tiene carácter general y alcanza a muchos jugadores del Barcelona y el Real Madrid. No parece casualidad que la Fiscalía haya decidido comenzar con la figura que más se ve, la punta de la pirámide, pero se queda la duda de si ha escogido a Messi como mero señuelo para lavar su propia imagen o si es realmente el inicio de una limpia en toda regla. «La Ley es igual para todos, incluso para el número uno», dice el ministro de Educación, José Ignacio Wert.

La segunda sorpresa llega cuando, parafraseando a Wert, se comprueba que esa misma ley tiene muchas trampas. Así, desde entornos de la Fiscalía se avanza que otros jugadores investigados -como los madridistas Cristiano Ronaldo, Kaká y Benzema- nunca podrán ser acusados, ya que no tienen residencia en el Estado español pese a llevar varios años jugando la Liga. La única diferencia con Messi estriba por tanto en que este arribó a los 12 años a La Masía y se domicilió en Gavá.

Esto da pie a hablar de los denominados «galácticos», y a recordar cómo fue el Estado, y curiosamente un gobierno del PSOE y no del PP, quien cambió la norma fiscal para abrirles toda las puertas mediante un régimen fiscal ad hoc. Se aprobó en pleno verano y en plena campaña de fichajes, el 30 de julio de 2005. Establecía que los extranjeros que se mudaran al Estado español a trabajar tributarían como «no residentes», y en consecuencia a un tipo general fijo del 24% y no del 43% que correspondía a las rentas más altas. El decreto rápidamente se bautizó como Ley Beckham, porque la megaestrella inglesa fue la primera en acogerse al sistema.

Hay que matizar que este tipo de exenciones no solo y siempre benefician a los jugadores, ya que en ciertos fichajes es el club el que asume el coste de los impuestos que deben abonar. Por tanto, el efecto real de la Ley Beckham fue abaratar las contrataciones de los mejores jugadores del fútbol y convertir el campeonato estatal en la denominada «ley de las estrellas». Lo sigue siendo: los seis finalistas de las dos últimas ediciones del Balón de Oro que escoge al mejor jugador del mundo pertenecen a Barça y Madrid. Pero sería más ajustado a la realidad referirse a ello como «paraíso fiscal de las estrellas» o como «la Liga de la burbuja». Detrás de esa cúpula dorada cada vez hay menos base. Este verano se acelera la fuga a otras ligas más saneadas de jugadores de alto nivel (en el caso vasco, tras marcharse Javi Martínez, Monreal y Azpilicueta quien emigra ahora es Fernando Llorente) o bien de la llamada «clase media» (Amorebieta es un buen exponente, pero hay otros como los béticos Adrián y Cañas, el celtiña Yago Aspas...)

Solo los grandes clubes se benefician de la Ley Beckham, pero prácticamente todos se han aprovechado de la laxitud de la Hacienda. Empecemos hablando de la estatal. En 2012, el total de deuda acumulada de los clubes estatales con el fisco ascendía a 752 millones de euros (es decir, casi 200 veces más que lo reclamado a Messi). Los últimos datos conocidos apuntan que por vez primera este caballo desbocado empieza a frenar: la cifra habría bajado a 690 millones (un 8%) en este ejercicio.

El ránking de morosos con Hacienda está liderado por el Atlético de Madrid, a quien se atribuía el pasado año una deuda de 120 millones. El segundo era el Deportivo, con 90 millones, ahora ya en situación crítica tras el descenso a Segunda. Si se recuerdan algunas cosas, se entiende todo mejor. Hace una década el Deportivo pagó 17 millones de euros al Espanyol por un centrocampista del montón, Sergio. Y en 2011, el Atlético se gastó 40 millones en un capricho, Falcao, que solo le ha durado dos temporadas.

Los clubes han dejado engordar esta bola. La dinámica de incremento del gasto se justifica aludiendo a la necesidad de mantener el nivel competitivo: el ejemplo más claro es el Zaragoza, que cambió casi media plantilla en enero de 2012 ante el riesgo de descenso y pese a encontrarse en Ley Concursal. Pero parece evidente también que los clubes confiaban en que, una vez llegados al precipicio, el Estado acometería un tercer rescate al fútbol, tras los sucesivos de 1986 y 1992. Aun sin menospreciar la capacidad de los gobiernos de tropezar varias veces en la misma piedra, resulta impensable que en la actual situación social eso vaya a producirse. De hecho, ha sido también Wert quien ha sentenciado que «esta vez las deudas del fútbol se las va a pagar el fútbol».

¿Y las haciendas vascas? Pues también tienen su culpa. Destaca el caso de Osasuna, que en la década de Patxi Izco duplicó la deuda hasta llegar a los 28 millones (que se van hasta 40 con los intereses de demora). El entonces presidente alegó que no había riesgo porque Osasuna cuenta con un patrimonio propio considerable (El Sadar, Tajonar...) Ciertamente, la Hacienda tampoco le ha reclamado nada: UPN debió pensar que sería demasiado impopular. Toda esta deriva acabó en diciembre pasado, con una nueva directiva que alcanzó un acuerdo con la Hacienda navarra para enguajar la deuda en un plazo de diez años, en cuotas anuales. El primer paso ha sido un recorte general y cuantioso en los sueldos de plantilla y entrenador.

Desde Iruñea se esgrime, y no sin razón, que la Hacienda vizcaina privilegia al Athletic (en paralelo está el espinoso asunto de la alta implicación institucional en la construcción de San Mamés Barria, que daría para otro capítulo). Hace unos años, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ya reconvino a la Diputación del PNV por entregar seis millones de euros al Athletic, que fueron considerados finalmente como ayuda directa y no como convenio, dado que el club no asumía ninguna obligación a cambio. Y en la actualidad se mantiene una normativa de IRPF que permite a los deportistas profesionales que cobran más de 300.000 euros (un eufemismo para no concretar que son los del Athletic) que paguen aproximadamente la mitad de cualquier otra persona con la misma renta. A la vuelta del verano se analizará el tema en Juntas Generales; desde Bildu hasta el PP consideran inaceptable este privilegio.

En el caso de Gipuzkoa, también fue el TVCP quien criticó a la Hacienda en la legislatura anterior por perdonar a la Real Sociedad una sanción fiscal de seis millones y otorgarle otros seis de subvención. En cualquier caso, la situación del club txuriudin es más pacífica que la de Osasuna y Athletic. Bastante mayor escándalo provocó saber que Rafa Nadal había inscrito sociedades en Gipuzkoa para beneficiarse de su laxitud fiscal en las pasadas legislaturas. Con la llegada de Bildu, el tenista ha hecho las maletas en busca de algún otro paraíso.

¿Tiene visos de solución esto, o el caso Messi es un mero intento de desviar la atención? Hará falta tiempo para saberlo, pero por un lado los precedentes no son halagüeños y por otro el nivel acumulado de deuda no resulta fácil de reducir.

El primero que debiera mover ficha es el propio fútbol. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) acaba de aprobar un reglamento que entrará en vigor en 2013-2014 y que según algunos titulares de prensa supondrá que «quien tenga deudas no podrá fichar». La realidad es mucho más matizable. Lo que teóricamente se impedirá es tramitar las contrataciones de los clubes que en el año anterior hayan incrementado su deuda. Es decir, en el mejor de los casos servirá para que no siga creciendo, pero ¿qué pasa con la actual? Y, por otro lado, también aquí la trampa corre más que la ley. Los clubes están recurriendo a un artificio consistente en fichar futbolistas a través de fondos de inversión, de modo que los jugadores sean en realidad propiedad de una nebulosa financiera y no de un club concreto con sede y responsables.

El nuevo presidente de la LFP, Javier Tebas, ha llegado al cargo con un discurso de mano dura, pero está por ver si algún día se llegarán a imponer medidas drásticas como el descenso de equipos de Primera por cuestiones económicas. En Escocia no les tembló el pulso para mandar al Glasgow Rangers a quinta categoría, ni en Italia para bajar a la Juventus por amañar partidos. Por contra, en el Estado español todavía se recuerda aquel esperpéntico episodio de 1995 en que Celta y Sevilla fueron descendidos administrativamente a Segunda B por deudas y luego la medida se canceló y la Liga aumentó de 20 a 22 equipos. De momento, la LFP ha bajado al Guadalajara a Segunda B por irregularidades en la ampliación de capital, en lo que parece un aviso a navegantes.

¿Y Europa? ¿Pondrá orden? Hace ya meses Bruselas pidió al Gobierno español toda la documentación sobre las deudas de los clubes y las ayudas públicas paralelas que reciben. Y en 2015 entrará en vigor el llamado Fair Play Financiero, un catálogo de normas destinadas a garantizar la viabilidad de los clubes, entre otras cosas poniendo un tope de masa salarial en relación al total del presupuesto. Pero habrá que ver su eficacia real. Las dudas aumentan al ver que nuevas burbujas futbolísticas están creciendo hoy día, y cerca de la sede de la UEFA en Nyon; Mónaco y PSG son los nuevos ricos que hacen saltar la banca.