Araba sin Garoña estudia denunciar al Gobierno español por un delito de prevaricación

La iniciativa Araba Sin Garoña ha denunciado que el Gobierno español deja en manos de Nuclenor la decisión sobre la continuidad de la central nuclear de Garoña mediante una legislación «ad hoc» y ha dicho que estudia emprender la vía jurídica por un posible delito de «prevaricación».

El portavoz de este colectivo ciudadano, Alberto Frías, ha afirmado en una comparecencia de prensa que «hoy no es un buen día» para quienes piden el cierre de Garoña pero menos aún para quienes creían «en el Estado de Derecho y en la democracia», pese a que entra en vigor la orden ministerial de cierre de la central nuclear.

Frías se ha referido a los cambios normativos que está preparando el Ministerio español de Industria y que posibilitarían una continuidad de Garoña, y ha advertido de que la plataforma quiere estudiar el proyecto de real decreto del Gobierno porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy podría haber incurrido en «un delito de prevaricación».

No obstante, ha considerado que habrá que analizar «despacio» esta vía por «la ingeniería jurídica» que han articulado con el nuevo real decreto.

En este sentido, Frías ha explicado que lo que habrá que demostrar es que los cambios normativos que contempla el real decreto están hechos «ad hoc», para un caso particular.

Frías ha recordado que las normativas «ad hoc» están prohibidas en el Estado español y ha opinado que aunque no se cita a Garoña en el proyecto de real decreto, «está claro» que está dirigido a ella.

Al margen de analizar la posibilidad de emprender la vía jurídica para conseguir cerrar la central nuclear, Frías ha apostado por «activar» a la ciudadanía, «a la que se ha dejado en la cuneta», y ha criticado a quienes se han «paseado» en las manifestaciones y han pedido »con la boca pequeña» el cierre de la central «pero cuando han tenido instrumentos en su mano no los han utilizado».

«Nuestro objetivo no es pasearnos por las calles por mucho que lo hayamos hecho, sino hacer algo efectivo para conseguir el cierre de Garoña», por tanto, «habrá que buscar medidas más eficaces porque estas no lo han sido», ha subrayado.

Ha denunciado la «sumisión del poder político al económico» y la «inseguridad» que generan las decisiones que se están tomando en torno a este central y ha opinado que las instituciones de la CAV que hasta ahora han pedido el cierre de Garoña, «deberían articular mecanismos suficientes, más allá de las declaraciones vacías, para que se haga realidad (su clausura) porque la situación es insostenible».

Frías ha denunciado que el principio de la división de poderes «ha desaparecido fulminantemente" y ha afirmado que no tiene ninguna duda de que se va a aprobar un real decreto que permitirá a Nuclenor, propietaria de Garoña, pedir la continuidad de su actividad hasta el 2019 o esperar a la nueva regulación del sector eléctrico y solicitar una prórroga más allá de esa fecha.

En cuanto a los motivos económicos alegados para su cierre, ha indicado que las verdaderas razones son «los más de 129 millones de euros que se tendrían que invertir en la central por razones de seguridad derivadas de las pruebas de esfuerzo impuestas por la UE y por las condiciones que la prórroga de 2009, que caduca hoy, impuso a Garoña y que están sin cumplir».