«Aquí no quieren escuchar a la gente, aquí hay otros intereses»

Vecino de Alcanar, el pueblo más meridional del Principat y uno de los que más están notando el episodio sísmico, Lluc Ulldemolins se opone desde hace años, junto a sus compañeros de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, a la instalación de un almacén de gas submarino en su costa.

¿Cómo están viviendo el presente episodio de terremotos? ¿Cómo está la gente?
Con mucha preocupación. Es el tema recurrente en todos los pueblos de la zona. Vas por la calle y escuchas a la gente desde las ventanas que habla sobre esto. No se ha producido ningún daño físico ni a nadie le ha caído nada encima, pero la preocupación que tiene la gente ya es un daño.

Llevan años alertando de los peligros del proyecto Castor. Además de los terremotos, ¿cuáles son?
Científicamente, nuestros fundamentos son los que son y son limitados, pero además de los terremotos, también nos preocupan cosas como que todavía queda petróleo dentro de esta bolsa. Por lo tanto, realmente, cuando se inyecte gas a alta presión, desconocemos qué puede pasar con este petróleo, pero nos podemos encontrar con que se libere al mar. Esto por un lado, después la afectación a la zona. Se dijo que aportaría muchos puestos de trabajo a la zona, pero realmente no se están creando estos puestos, por lo tanto, nos preocupa la afectación que esto puede tener sobre la pesca o la ostricultura, que son los motores económicos reales de la zona.

Sobre los terremotos, ¿les consta si la empresa había elaborado algún estudio sismológico?
No, no lo hizo. Así de claro. Debería estar en el estudio de impacto medioambiental y no está. Evidentemente, aquí la responsabilidad no es solo de la empresa, sino también del Ministerio de Industria, con el señor Sebastián en la época del PSOE, que no pidió dicho estudio.

¿Cuánto ha costado y quién lo ha pagado?
Este proyecto estaba presupuestado en 500 millones de euros y ha acabado costando 1.300 millones. Este es el primer factor a tener en cuenta. La Comisión Nacional de Energía hizo un informe hace año y medio en que destacaba que habían irregularidades en este proyecto, sobre todo en cuanto a la asignación de ciertos tramos de la construcción, que se había hecho muy a dedo y emplazaba al Ministerio a investigar realmente qué había pasado que justificase este sobrecoste. El Ministerio dijo que haría una auditoría pero evidentemente nada de eso ha pasado.

Sobre quién lo ha pagado hasta ahora, Escal UGS es un 66% de ACS y un 33% de una empresa canadiense. Lo que sabemos es que recibieron 500 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones y que para pagar el resto tuvieron apoyo para emitir bonos por valor de 1.400 millones de euros. Eso lo ha gestionado todo el Santander y lo han pagado diversos bancos. Incluso se ha llegado a comentar que uno de los bancos que ha puesto dinero ha sido Bankia. Es decir, un banco rescatado con dinero público también ha comprado bonos del proyecto Castor. Aquí no quieren escuchar a la gente, aquí hay otros intereses.

¿Cómo valoran las reacciones de las administraciones?
Aquí hay dos dinámicas completamente diferentes. Por un lado, los ayuntamientos de Alcanar, Ulldecona y otros del Principat siempre se han opuesto a este proyecto. Pero en la Administración valenciana, sobre todo el Ayuntamiento de Vinaròs, gobernado entonces por el partido socialista y ahora por el PP, siempre lo ha apoyado. Evidentemente, si aquí ha habido expertos diciendo que no habrá peligros para la población, su voluntad será seguir tirándolo hacia adelante, porque evidentemente ellos tienen unos ingresos económicos. Y creo que el Ministerio y la Generalitat valenciana están en la misma línea.

Se repite como una retahíla que almacenes como este son imprescindibles para garantizar el suministro. ¿Qué alternativas presentan?
Hay que destacar, primero de todo, que cuando este proyecto se presentó estábamos en unos niveles de consumo de gas natural que justificaban, de alguna manera, la necesidad de proyectos como este. Pero hoy en día, con el tema de la crisis, el consumo de gas natural ha bajado una barbaridad, por lo que la justificación de que esto debe servir para salvar el consumo de gas natural no se aguanta, no se justifica. Además, las reservas es mejor distribuirlas cerca del lugar de consumo.

Pero sobre todo, y aunque no es fácil, en lo que hay que trabajar es en un cambio del modelo energético. No se hará de la noche a la mañana, pero podrían empezar por destinar los 1.300 millones de euros que ha costado el proyecto Castor a impulsar algún otro tipo de energía como la eólica o la solar.