Inés del Río abandona la prisión de Teixeiro tras 26 años encarcelada

Inés del Río ha abandonado la cárcel de Teixeiro pasadas las 16.15 de la tarde, horas después de que la Sala de lo Penal Audiencia Nacional española decretara por unanimidad su inmediata puesta en libertad en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula la sentencia 197/2006. Familiares y amigos esperaban a la tafallesa en el exterior de la prisión y nada más salir esta han emprendido camino a Euskal Herria. El tribunal ha bloqueado los 30.000 euros de indemnización ordenados por el TEDH.

Inés del Río ha recobrado su libertad pasadas las 16.15 de la tarde, cuando ha abandonado la prisión de Teixeiro tras permanecer 26 años encarcelada y ver alargada su estancia en prisión más de cinco años como consecuencia de la doctrina 197/2006.

Allegados de la presa de Tafalla y las abogadas Amaia Izko y Ainhoa Baglietto la esperaban en el exterior de la prisión. Tras los primeros abrazos y momentos emotivos, la comitiva ha emprendido el camino hacia Euskal Herria.

A las puertas del centro penitenciario se han congregado numerosos medios de comunicación.

Unanimidad en la Audiencia Nacional

La ya expresa de Tafalla ha quedado en libertad después de que los 17 magistrados de la Audiencia Nacional hayan acordado su liberación inmediata, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula la sentencia 197/2006.

El criterio unánime que ha defendido la Sala de lo Penal es firme una vez que se ha pronunciado la Gran Sala y su resolución de «obligado cumplimiento» para todos los Estados miembros que suscribieron el tratado por el que se dictó el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La Fiscalía ha apoyado anteriormente la puesta en libertad de Del Río, ya que la resolución de la Corte europea es «clara a la hora de indicar la medida requerida para poner remedio al derecho o derechos vulnerados». Por consiguiente, ha reclamado que se le ponga en libertad en el plazo más breve, ya que entiende que la sentencia no da «ninguna elección».

«La resolución es clara y concluyente: incumbe al Estado a asegurar la puesta en libertad de la demantande en el plazo más breve», señala el auto de la AN, que declara «extinguidas las responsabilidades penales por cumplimiento de la condena».

Los magistrados consideran que «la sentencia de Del Río contra España es de las que deberían provocar, en un recurso de amparo si el tribunal de ejecución no hubiese estimado la pretensión de libertad, la rescisión de las resoluciones judiciales firmes que hubieran provocado al lesión actual del derecho a la libertad».

Bloqueada la indemnización de 30.000 euros

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado asimismo el bloqueo de la indemnización de 30.000 euros concedida a Inés del Río para destinarla «al pago de las responsabilidades civiles decretadas a favor de las víctimas».

Los casos están sobre la mesa

El proceso de excarcelaciones al que aboca la sentencia europea puede demorarse un tanto debido a la tramitación decidida por el Estado español, pero los casos estarán sobre la mesa de la Audiencia Nacional desde hoy mismo. Más adelante, ya el viernes, el tribunal especial celebrará una sesión ordinaria en la que estaba previsto el estudio de otros dos recursos, presentados por Joxepa Ernaga y Juan Manuel Piriz.

Fuentes jurídicas consultadas por GARA remarcaron que debería de abordarse también la situación de todos aquellos condenados por el Código Penal de 1973 y a quienes afecta la sentencia, aunque quizás la Audiencia Nacional trate de dilatar y escalonar el proceso. Es lo que pidieron la AVT y la FVT ayer tarde, en una rueda de prensa conjunta con los ministros de Interior y Justicia en la que incidieron en que no quieren ver una imagen de «un autobús» lleno de excarcelados.

En cada procedimiento que abra la Audiencia Nacional se dará la palabra a la Fiscalía, que valorará cada caso tratando de explorar si hay algún resquicio que permita reclamar que continúe en prisión.

Fuentes jurídicas interpretan que, a pesar de este anuncio, la Fiscalía no tiene argumentos que le sirvan para justificar esa vulneración de derechos fundamentales. Apuntaron a que se puede alargar unos días o alguna semana la decisión de excarcelar a esas personas, aunque ello en términos políticos puede desgastar la imagen del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Serían, a su juicio, «triquiñuelas administrativas muy evidentes, difíciles de justificar ante instancias europeas».

La sentencia de Estrasburgo debe provocar la excarcelación de 56 vascos que están ahora presos por la doctrina anulada. Pero además tendrá efectos lógicamente sobre otras decenas que se acercaban inexorablemente a la fecha de cumplimiento de condena y a las que el Estado quería alargar la estancia en prisión, como ha hecho desde febrero de 2006.