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El TS obliga a la Diputación de Gipuzkoa a colocar la bandera española en un lugar «de honor»

El Tribunal Supremo ha ordenado a la Diputación de Gipuzkoa colocar la bandera española en un lugar «destacado, visible y de honor» de la balconada del edificio foral y retirarla, según señala, del espacio «recóndito» en el que se encontraba.

El TS obliga al ente foral guipuzcoano a colocar la rojigualda en lugar «preferente». (Imanol OTEGI/ARGAZKI PRESS)

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supero ha desestimado los recursos que la Diputación de Gipuzkoa presentó contra los autos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que le obligaron el pasado otoño a reubicar la enseña española en cumplimiento de la Ley 39/1981. Además, el TS condena al ente foral dirigido por Martin Garitano a pagar hasta un máximo de 4.000 euros en costas.

La bandera española debía ondear en el exterior y en un lugar «preferente» del edificio, pero la Abogacía del Estado «constató que había sido instalada en un lugar recóndito y prácticamente invisible».

Ello fue avalado por el TSJPV, mientras que la Diputación de Gipuzkoa se opuso al entender que el fallo no establecía el lugar oportuno de la balconada.

Ahora, el Supremo establece en su auto que la bandera española debe situarse «no solo en un lugar bien visible, sino además en un lugar de honor», y añade que «es usual considerar que es habitual que esa la balconada que suele presentarse en el centro del frontiscpicio de las edificaciones históricas».

La decisión, con ponencia del magistrado Luis Díez-Picazo, recuerda que la enseña española debe ocupar «un lugar destacado, visible y de honor» en los edificios oficiales.

Considera, en ese sentido, que la Diputación colocó la bandera «en un sitio donde un viandante no pudiera divisarla, ajeno al lugar de honor que le corresponde, pues los valores que representa y el honor que se le debe implica que deba estar a la vista».

Urquijo avisa

El delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, ha advertido al diputado general, Martin Garitano, de que si no coloca la rojigualda podría cometer un delito de «desobediencia» y «prevaricación».

Urquijo fue precisamente quien instó a la Abogacía del Estado a que actuara contra la Diputación por colocar las banderas en el tejado del edificio.

«Es una advertencia porque ya está bien del desafío permanente y porque nadie está por encima de la ley en una democracia, que nos permite ser a todos iguales» ha indicado.