La comparecencia de ayer fue solicitada por EH Bildu a raíz de la operación judicial contra Adif y la empresa Corsán-Corvián por supuesto fraude en las obras del AVE en Barcelona. La consejera Ana Orue llegó a la Cámara con tres objetivos claros. Por un lado, demostrar que en el tramo de esta firma en la «Y vasca» no hay ningún tipo de irregularidad, ni tampoco en cualquier otro tramo dependiente de Lakua, sea cual sea la adjudicataria. Tanto la consejera como el portavoz del PNV defendieron la lógica de los sobrecostes que se van produciendo a lo largo de las obras.

Un segundo objetivo era la promesa de «transparencia obsoluta» con el anuncio de remisión de un informe trimestral al Parlamento sobre el estado de las obras. Este objetivo se vio poco acompañado por los hechos. Muchos de los datos que ayer ofreció la consejera habían sido solicitados por EH Bildu el 8 de mayo y debían haber sido remitidos al Parlamento el 17 de junio. Sin embargo, el Departamento pidió una prórroga y se prevé que lleguen hoy. Dada la plolija exposición de ayer, todo hace pensar que los datos estaban ya elaborados, pero se maniobró para que los solicitantes no pudieran tenerlos estudiados. De hecho, durante la comparecencia fueron expuestos a través de una pantalla, pero no entregados para su manejo.

Oskar Matute explicó que su grupo había estado tentado de pedir el retraso de la comparecencia, porque la triquiñuela del Departamento no les permitía trabajar en igualdad de condiciones. En cualquier caso, EH Bildu preguntó sobre cuestiones que tienen que ver con el precio de las obras, como las canteras ilegales para ahorrar en cemento o la falta de seguridad que puede provocar derrumbes como el del túnel de Zumarraga. Sobre lo primer dijo que era normal; sobre lo segundo, calló.

El último anuncio fue que a partir de ahora, cuando quedan solo dos tramos por licitar, el Gobierno hará caso a las recomendaciones que el TVCP viene haciendo desde 2009 sobre los criterios obejtivos en las adjudicaciones. I.I.