El CATN asegura que una Catalunya independiente es «posible» y «técnicamente viable»

El Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) ha concluido esta tarde su trabajo al entregar al Govern los últimos ocho informes, en los que aborda, entre otras cosas, las consecuencias de una independencia sin acuerdo con el Estado español. En tal caso, Catalunya necesitaría en un inicio unos 4.000 millones al mes, lo que no impide que este órgano asesor asegure que la independencia es factible.

El Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), órgano consultivo nombrado por el Govern, ha concluido este lunes sus trabajos con la entrega al Govern de los últimos ocho informes. En la rueda de prensa ofrecida junto al conseller de Presidencia, Francesc Homs, el presidente del órgano asesor, el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer ha asegurado que la independencia es «perfectamente posible y técnicamente se puede hacer, es viable».

Con la entrega de estos informes, el CATN acaba con 15 meses de trabajos y, según su presidente, durante este periodo se ha reflejado que aunque el proceso soberanista necesita tiempo, sería viable «pese a las dificultades» que hay sobre la mesa. Ahora estos informes se convertirán en un libro blanco sobre la independencia.

En total, hoy se han presentado ocho informes, que suman exactamente 1.366 páginas, sobre asuntos diferentes: Seguridad Social, defensa, relaciones comerciales entre Catalunya y España, autoridades reguladoras y otras estructuras administrativas que deberían crearse para cumplir con las normativas europeas, integración en la comunidad internacional, poder judicial, sucesión de ordenamientos y viabilidad fiscal y financiera.

Si prospera la secesión sin acuerdo con el Estado español, el CATN augura una caída de hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) como consecuencia de un boicot del mercado español. Asimismo, esta independencia sin acuerdo tendría un coste inicial de unos 4.000 millones al mes, dinero que la Generalitat debería conseguir a través de créditos o bonos de deuda. A largo plazo, sin embargo, asegura que la ganancia fiscal de una Catalunya independiente sería de 11.600 millones de euros al año.

En cuanto a defensa, el informe no concreta si un eventual Estado catalán debería tener ejército o no, pero sí que dice que deberían reforzarse las funciones de los Mossos, coordinarse más con las policías locales, fomentar las relaciones con Estados Unidos, ser miembro de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y valorar el papel que tiene en la actualidad la OTAN a favor de la paz.

Sobre Seguridad Social, los expertos aseguran que sería viable, y también piden crear un ente regulador especializado en los diferentes sectores que la UE exige crear en sus normativas, que tendría carácter multisectorial: energía, telecomunicaciones, transporte ferroviario, sistema financiero, correos y residuos nucleares.

Concluyen también que una declaración unilateral de independencia no es ilegal de acuerdo con el derecho internacional, «aunque pueda contradecir de forma clara el derecho interno» del Estado al que se pertenecía hasta la secesión, y detallan qué procesos debería seguir Catalunya para ingresar en organismos multilaterales internacionales, como la ONU, el FMI, el Banco Mundial, la FAO, la OMS, la Unesco y el Consejo de Europa, entre otros.

Sobre la administración judicial, aseguran que lo mejor sería que en el periodo de transición se reforzase la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y que sea una eventual Constitución quien determine las características del nuevo sistema.