CiU espera que Rajoy tenga «un punto de inteligencia» y deje consultar a los ciudadanos el 9N
El secretario general adjunto de CiU, Lluís Corominas, espera que el Gobierno de Rajoy «tenga un punto de inteligencia» y deje celebrar la consulta en Catalunya el próximo 9 de noviembre, porque supondría «ejercer la democracia en estado puro».
Corominas ha realizado estas declaraciones en Foronda donde el PNV celebra el Alderdi Eguna de 2014 y ha hecho referencia a la firma celebrada este pasado sábado del decreto de convocatoria de la consulta de Catalunya para el próximo 9 de noviembre y a la decisión del Gobierno español de presentar los recursos ante el Tribunal Constitucional para suspenderla.
Corominas cree que si finalmente el recurso del Gobierno de Rajoy sigue adelante, significa que «no han entendido nada de lo que ha pasado en Catalunya en estos años» por lo que espera que «tenga un punto de inteligencia» y deje celebrar la consulta el próximo 9 de noviembre.
«Creemos que en este punto final, podemos hacer una apelación a la inteligencia y sobre todo al respeto a la democracia y a la voluntad mayoritaria del pueblo de Catalunya, que ha hecho, de manera cívica y democrática un proceso modélico», ha insistido.
Ante la posibilidad de que esta petición no se atienda, ha explicado que, «con medidas jurídicas, políticas y a nivel social, no dejaremos de reivindicar poder votar el día 9».
El secretario general de CiU, Ramón Espadaler, por su parte, ha puesto en valor la firma del decreto celebrada este pasado sábado con el que cree que «se conjuga el anhelo de una parte muy sustantiva de la ciudadanía de Catalunya con las instituciones artiuclando, a través de la legalidad, la Ley de Consultas». «Estamos convencidos de su adecuación al marco estatutario y constitucional», ha subrayado.
En referencia a la reacción del Gobierno español, ha considerado que no fue una «sorpresa» pero ha manifestado que «el cumplimiento de la legalidad no está en absoluto, en contradicción con la firmeza de defender la necesidad y voluntad firme de la Generalitat de poder ser convocados a las urnas el 9 de noviembre».
«Legalidad no es incompatible, no es excluyente, del concepto de firmeza en la defensa de la voluntad ampliamente compartida por una parte importante de la ciudadanía de Cataluña y por el Gobierno de la Generalitat y por los grupos parlamentarios desde muy distintas expresiones, dan apoyo al mismo», ha indicado.
Asimismo, ha señalado que la superación del contencioso entre Catalunya y el Estado español «debe tener una salida democrática» y ha subrayado que «la alternativa no es una negativa constante y rotunda como la vista hasta el momento». «El contencioso es de naturaleza política, no jurídica, y por tanto, hay que darle una salida política, dialogada y en el marco de la legalidad como intenta hacerlo el Govern de la Generalitat», ha zanjado.