La Policía da credibilidad a la documentación presentada por Bárcenas sobre la sede de Bilbo
Un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía española (UDEF) da credibildad a los documentos presentados por el extesorero del PP Luis Bárcenas sobre la contabilidad paralela puesta en marcha para pagar la hipoteca y el acondicionamiento de la sede del partido en la Gran Vía de Bilbo. GARA desgranará más detalles sobre este informe en su edición de mañana.
Según los 164 folios entregados por Bárcenas, actualmente en prisión, y ahora validados tanto por los agentes como por el juez instructor de la causa, Pablo Ruz, la formación que dirige Mariano Rajoy se sirvió de donativos ilegales para abonar las cuotas de la compra del inmueble. Toda la documentación la facilitó el antiguo responsable de las finanzas de Génova en una carta verde con el epígrafe ‘Sede Vizcaya’ en el que se recogían los apuntes de ingresos y entregas. Unas notas, similares en estructura y letra a las de los denominados papeles de Bárcenas, que reflejan flujos económicos entre 1999 y 2005, cuando se encontraban Carlos Iturgaiz y María San Gil a frente del PP en la CAV.
El propio Bárcenas, en su declaración ante Ruz el 15 de julio del pasado año, reconoció que se trataba de una contabilidad paralela confeccionada por él mismo. «Se recibían las cantidades en efectivo de la persona que donaba la cantidad y la salida, normalmente, era una transferencia oficial de partido para poder pagar oficialmente la hipoteca», aseguró al magistrado. El precio total de la hipoteca fue de 165.000.000 de pesetas (991.705,74 euros).
Según refleja el informe, al que ha tenido acceso NAIZ, la comparativa entre los apuntes de Bárcenas y las diversas cuentas en las que se hacían los ingresos (que corresponden con la contabilidad oficial aportada por el PP al Tribunal de Cuentas) es de un 81%. Este documento señala también que se recibían las donaciones (fraccionadas, para saltars la ley de financiación de partidos políticos) y estas se trasladaban al PP de la CAV mediante tres líneas: a través de ingresos directos desde la cuenta de Génova, pagando los plazos el propio PP central entregando en efectivo el dinero al entonces gerente, Ignacio Aguirre.
El único donante identificado es Emilio Álvarez López, vinculado al grupo empresarial Bruesa, al que la propia UDEF, en otro informe, vinculaba concesiones de obras públicas a las empresas incluidas en el sumario.