A las 13.46 de ayer, en el mismo momento en el que la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba el recurso de la Moncloa contra el proceso participativo del 9 de noviembre, miles de voluntarios de la consulta alternativa recibieron un mensaje electrónico del departamento de Governació. En él se les adjudicaba una mesa de participación y una función durante la jornada del 9N. Una cita que, a día de hoy, sigue en pie, tal y como recordó el president, Artur Mas, que llamó a la ciudadanía a dar «una gran lección de democracia».

Lo hizo en una comparecencia urgente ofrecida a media tarde, en la que garantizó, sin verbalizar qué harán en caso de suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC), que el 9N «todo el operativo estará preparado». De hecho esta fue la primera decisión anunciada ayer por Mas, que anticipó que «el dispositivo está prácticamente acabado» y que se finalizará «en los próximos días». Es decir, antes de que llegue la previsible suspensión.

En segundo lugar, Mas anunció que los servicios jurídicos de la Generalitat están estudiando acciones legales contra el Gobierno español «por abuso de poder y abuso de derecho», así como para «proteger las competencias catalanas en materia de participación ciudadana». Por último, Mas informó de que se reserva la opción de «pedir una convocatoria urgente del Pacto Nacional del Derecho a Decidir (PNDD) si se produjese una eventualidad», dando a entender que así lo hará cuando el TC, probablemente el martes, decida suspender el proceso participativo. El espacio en el que se acordará qué hacer el 9N en caso de suspensión, por lo tanto, será el PNDD, cuyo coordinador, el expresidente del Parlament e histórico militante de Unió Joan Rigol, aseguró ayer que votarán «sea lo que sea lo que diga» el Tribunal Constitucional.

Mas consideró además que «lo que el Gobierno central pretende parar, no se puede parar, porque nos dicen que no podemos hacer una cosa que no estamos haciendo», en referencia al supuesto referéndum encubierto que denuncia la Moncloa, cuya actitud consideró que «ha cruzado la línea del ridículo». «Si una democracia no permite expresarse a una parte de sus ciudadanos, no es una democracia de gran calidad», concluyó.

Dicho argumento no hizo mella en Sáenz de Santamaría, que horas antes había confirmado, como estaba previsto, la impugnación del proceso participativo. Después de una primera reacción dubitativa, que osciló entre la euforia del presidente español, Mariano Rajoy, por la no celebración de la consulta, a las dudas del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre la viabilidad de un recurso, pasando por la ridiculización de una cita rebautizada como «seudorreferéndum», el PP decidió renovar su desafío a la mayoría de la sociedad catalana. Lo hizo con el apoyo del PSOE y tras recibir el informe del Consejo de Estado, que aboga otra vez por vetar las urnas porque así «protege los derechos de los catalanes»..

Falta de garantías

Los argumentos para la prohibición ya se habían escuchado en los últimos días. Ayer, solo se reafirmaron. Entre ellos, destaca la consideración de que la nueva cita se convoca «sin ninguna base legal y sin ninguna de las garantías democráticas más básicas». Unas garantías de las que sí que gozaba la primera convocatoria, suspendida por el TC tras una reunión exprés.

La falta de censo y el «manejo» del proceso por parte de voluntarios «que piden un resultado determinado» fueron otras de las carencias que enumeró la vicepresidenta, que al margen de frases que buscan readecuar los titulares al contexto actual, mantuvo el argumentario básico de la anterior apelación: falta de competencias y defensa de «la unidad de España».

«Con independencia de la terminología que se utilice, se someten unas preguntas a los ciudadanos, es decir, al cuerpo electoral», afirmó el Gobierno español, que también critica que las preguntas «son las mismas», lo que le llevó al búnker de la «indisoluble unidad de España».

Sáenz de Santamaría también aprovechó para amenazar a los funcionarios que actúen como voluntarios. Disfrazó su advertencia de protección, pero dejó claro que «hay gente a la que le están poniendo en la tesitura de tener que llevar a cabo actuaciones suspendidas por el TC». Lo que no aclaró es cómo tratarán de amedrentar a estas personas y qué castigos prevén para, por ejemplo, los directores de los centros que se abran el 9N. En este sentido, Mas recordó por la tarde que el 9N «no habrá funcionarios, sino voluntarios».

El mecanismo escogido para el recurso es el mismo que ya se aplicó, invocando el artículo 161.2 de la Constitución española, lo que le lleva a exigir la suspensión de «cualquier actuación de preparación de la consulta, de las que se han realizado y las que se pretendan realizar».

La mera admisión a trámite implicaría el veto, algo previsible, visto que el PP tiene mayoría entre los 12 magistrados y que la denominada «minoría progresista» también se sumó a las tesis contrarias al voto en la anterior deliberación.

En aquella ocasión, el Alto Tribunal dejó claro que su decisión afectaba «a terceros» y a todos los preparativos. Así que habrá que ver cómo deja constancia de las posibles represalias que prepara en caso de que las urnas salgan a la calle. En este caso no será necesaria una sesión extraordinaria, ya que el TC tiene previsto reunirse el martes.

Sin esperar a la previsible suspensión, los partidos soberanistas reaccionaron ayer en bloque a favor de mantener el proceso participativo del 9N. Así lo hizo ERC, cuyo portavoz en el Congreso, Alfred Bosch, confió en que «el Govern no se arrugue y esté al lado del pueblo de Catalunya, que quiere votar».

Por su parte, el secretario general de ICV, Josep Vendrell, calificó la impugnación de decisión «errónea, cínica y antidemocrática», igual que el portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull, que habló de «error» y de gesto «desesperado».

A través de las redes sociales, el diputado de la CUP Quim Arrufat denunció que «el Gobierno del Reino nos impugna de nuevo porque no hay garantías. Se ríen de nosotros. Como pueblo ocupado». Desde Euskal Herria, Amaiur trasladó su «solidaridad con la sociedad catalana» y consideró que el cinismo del Gobierno español «no tiene límites».