El ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, y el gobernador del departamento de Chocó, Efrén Palacio Serna, encabezaron ayer un consejo de seguridad extraordinario para analizar la captura en el departamento de Chocó del general Rubén Darío Alzate, que desapareció junto al cabo primero Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, coordinadora de proyectos especiales del Ejército para Chocó. Hasta Quibdó, la capital chocoana, han sido trasladados más de 500 hombres entre soldados, carabineros, policías e infantes de marina.

En una declaración pasada la medianoche del domingo, el presidente, Juan Manuel Santos, suspendió los diálogos con las FARC-EP en La Habana, tras responsabilizarles directamente de la desaparición del general.

«Mañana -por ayer lunes- viajaban los negociadores de paz a una nueva ronda de negociaciones en La Habana. Les voy a decir que no viajen y que se suspenda esta negociación hasta tanto no se aclare y se libere a estas personas», anunció.

En vez de trasladarse a Cuba, los negociadores del Gobierno, con Humberto de la Calle a la cabeza, se reunieron con Santos en la Casa de Nariño -sede presidencial- para analizar la situación.

Según trascendió, Alzate abordó una lancha para desplazarse por el río Atrato, sin llevar a su escolta personal y vestido de civil, hacia una zona con fuerte presencia de la guerrilla. En un determinado punto del recorrido, el soldado que conducía la lancha le advirtió de que se estaban alejando mucho de Quibdó y que era mejor regresar al tratarse de una «zona roja», pero el general ignoró supuestamente dicha advertencia, ordenándole detenerse más adelante, en un punto conocido como Las Mercedes. Fue ahí donde, al parecer, se produjo la captura.

Una dilatada carrera militar

De 55 años y oriundo de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, Alzate ostenta una dilatada trayectoria militar en la lucha contra la guerrilla. Así, fue director nacional del Gaula Militar, unidad especial contrainsurgente que opera principalmente en las zonas rurales.

En noviembre de 1996, con trece años de servicio y con rango de mayor, fue escogido para ser el primer comandante de la Escuela de Policía Militar.

Su ascenso a brigadier general lo recibió en diciembre de 2011 de manos de Santos, reconocimiento que estuvo acompañado de su nombramiento como director de Recurso Extraordinario en la Comandancia del Ejército. El 9 de enero de este año, Santos le encomendó la tarea de dirigir la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, una unidad de élite contra la guerrilla que opera en 22 municipios del Chocó y otros dos del departamento de Antioquia. «Usted debe encargarse de que efectivamente esta Fuerza de Tarea se comporte como un titán en resultados», le dijo Santos a Alzate en la ceremonia militar que tuvo lugar en Quibdó Chocó, a orillas del río Atrato.

Según se explica en la página web del Ejército colombiano, esta fuerza especial -que entró a operar el 9 de enero, con los diálogos de La Habana ya avanzados y con dos acuerdos parciales firmados, los relativos a la reforma agraria y a la participación política- está integrada por «tropas de la Séptima División del Ejército, un componente de la Fuerza Naval del Pacífico y por unidades del Comando Aéreo de Combate Número 5 de la Fuerza Aérea». En total, «2.500 hombres, cuyo objetivo es la neutralización de los grupos terroristas, especialmente de los Frentes 34 de las FARC y sus cabecillas y del Frente 57».

Las FARC hablarán hoy

Previsiblemente, las FARC ofrecerán hoy una rueda de prensa. Así se anunció en el Centro de Prensa Internacional de La Habana. No obstante, a última hora de ayer la página oficial de la delegación de paz de la guerrilla no informaba todavía de esta comparecencia.

En un comunicado previo, firmado el pasado viernes por el Estado Mayor Bloque Comandante Jorge Briceño sobre la captura el 9 de noviembre de dos soldados en el departamento de Arauca, censuraba que «no se puede entender cómo un régimen que habla de paz y reconciliación se niega tozudamente a pactar un alto el fuego o armisticio reiteradamente propuesto».

«Miente el general Lasprilla -comandante del Ejército Nacional- cuando pretende que sus tropas puedan perseguir, reprimir, bombardear, ametrallar, asesinar, secuestrar, amenazar y realizar todo tipo de acciones criminales contra la inconformidad armada, pero condena la legítima respuesta que se levanta por el pueblo. Los uniformados Paulo César Rivera y Jonatán Andrés Díaz fueron hechos prisioneros tras haber sido reducidos en combate. Ni mucho menos es cierto que obrando de este modo estemos violando los derechos humanos o el derecho internacional. Por el contrario, lo que estamos haciendo es obrar en cumplimiento de dichos preceptos legales internacionales, respetándoles su vida e integridad física», remarcó.

«Un hecho previsible»

Entre las reacciones que suscitó esta suspensión, la exsenadora y líder de Colombianos y Colombianas por la Paz, Piedad Córdoba, consideró que «los diálogos no deben terminar en monólogos de guerra» y llamó a todos los colombianos a mantener la paciencia porque «un conflicto de 50 años no se arregla en dos». Remarcó que en todo proceso de paz es necesario ser persistentes.

Advirtió de que la paz está amenazada y se quejó de que «es fácil pedir más guerra sentados cómodamente en la casa viendo las noticias», remarcando además que es «la Colombia campesina es la que sufre».

Sus opiniones fueron las que más repercusión tuvieron en Twitter. La etiqueta #TreguaYa se convirtió en trending topic.

Una fuente cercana al proceso subrayó a GARA que lo ocurrido era «previsible» dado que los diálogos se están desarrollando en medio de los combates y que el general Alzate se encontraba «en una zona territorial de relativo control de la guerrilla».

«Este hecho debe ser analizado desde la realidad misma. El general Alzate iba sin uniforme, la guerrilla lo requiere y él les revela su identidad. En términos de derecho de la propia guerra, ambas partes pueden hacer controles, requisas, requerimientos. Estamos frente a una captura, una retención o neutralización en una zona de enfrentamientos permanentes, lo que nos lleva a reflexionar sobre la urgencia de pactar un alto el fuego bilateral y verificado», indicó.

Recordó que a principios de este mismo mes, el ELN denunció la «desaparición» de uno de sus interlocutores en los diálogos «exploratorios» que mantiene con el Gobierno de junio.

En su página web, la guerrilla explicó que «Eduardo Martínez viajaba por la carretera para integrarse a la comisión técnica de asesoría a la delegación del grupo, responsable de los contactos con el Gobierno para concretar un proceso de paz, cuando fue capturado en un retén policial a la entrada de Cúcuta». Responsabilizó al Gobierno de las «consecuencias» del hecho.

En un comunicado previo del 3 de noviembre, el Comando Central del ELN advirtió que «nadie puede convocar a la paz si persiste en aniquilar a la contraparte, o pretende llevarla debilitada a una mesa para imponer una claudicación o un acuerdo favorable».