Gómez Bermúdez envía a prisión a siete de los once detenidos en la ‘Operación Pandora’
El juez de la Audiencia Nacional española Javier Gómez Bermúdez ha ordenado prisión incondicional sin fianza para siete de los once detenidos el martes en la denominada ‘Operación Pandora’. Los otros cuatro detenidos han sido puestos en libertad con cargos.
El magistrado acusa a los detenidos de estar vinculados a un grupo denominado Grupos Anarquistas Coordinados y les acusa de ataques «en todo el territorio nacional» que ni siquiera detalla.
«De la investigación de los grupos anarquistas coordinados se extrae que sus miembros pudieran ser presuntos autores de diversos atentados con artefactos explosivos de fabricación artesanal en todo el territorio nacional», argumenta.
En un auto plagado de literatura policial, el magistrado asegura que los arrestados constituyen parte de una estructura «punto de encuentro de violentos con fines terroristas que individualmente considerados y sin la debida coordinación no podrían lograr el objetivo final, ‘la lucha revolucionaria contra el Estado’ para provocar su colapso».
«Estos grupos actúan siempre de forma violenta, lanzando bengalas y petardos, incendiando contenedores, dañando el mobiliario urbano y la propiedad particular, provocando graves enfrentamientos con la Policía y agrediendo a aquel que les haga frente, imposibilitando así la convivencia normal entre ciudadanos a los que atemorizan alterando gravemente la paz pública», asegura el juez, para justificar el empleo de la caracterización «terrorista». Nuevamente, ni rastro sobre los hechos que, supuestamente, se imputan.
Sí que hace mención el juez a la relación del grupo con la FAI (Federación Anarquista Ibérica), así como lo que interpreta como «contactos con grupos de similar ideología violenta».
Sobre lo incautado por los Mossos D´Esquadra, el auto habla sobre todo de documentación anarquista y asegura que la policía habría acumulado «decenas de indicios tanto de la unidad ideológica como de la estrategia para desestabilizar al Estado y alterar gravemente la paz pública».
Finalmente, hace referencia a supuestas comunicaciones a través de servidores seguros o utilizando un mismo correo electrónico.