La decisión del Supremo, fuertemente dividido, de dar por válida la treta legal introducida por el PP para evitar excarcelaciones de presos vascos ha sido recibida por el Gobierno sin euforias. Al contrario del tono de presión utilizado por la vicepresidenta o el ministro del Interior para someter a un Supremo que se había declarado esquivo en el caso de Joseba Urrosolo, ahora se opta por relajar los mensajes para evitar nuevos desmarques. Sobre todo, el de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, que hasta el momento ha rechazado esta pretensión de saltarse la doctrina europea y que tiene en su mano hacer una consulta directa al Tribunal de Luxemburgo sobre cómo se debe proceder en este polémico asunto.

El Gobierno del PP es consciente de que si la AN tomara esta vía, seguramente los tribunales europeos le instarían a evitar el fraude de ley en el que está incurso. De hecho, prácticamente todos los juristas que han valorado la cuestión ven claro que si los presos terminan teniendo que recurrir directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Estrasburgo tumbará esta doctrina como hizo con la Parot. Pero obviamente para entonces muchos incluso habrán salido en libertad, como ocurrió en aquel mismo caso, donde hubo vascos que pasaron seis años extra de encierro ilegal.

El interés del PP de evitar esa consulta a Luxemburgo (instancia competente para resolver estas dudas) es máximo teniendo en cuenta que en junio pasado la Comisión Europea instó directamente a Madrid a introducir en su legislación la decisión marco europea, que se emitió allá por 2008. En un informe, Bruselas criticó que había seis estados -entre ellos el español- que llevaban ya tres años de demora en la asunción de este criterio, consistente en que los cumplimientos de condenas dictadas en dos estados diferentes de la UE deben acumularse, evitando así duplicidades.

La CE recordó a Madrid que «tener en cuenta las condenas extranjeras» constituía una «obligación». Y le instaba por tanto a trasladar este criterio a su legislación estatal. Sin embargo, el PP aprovechó una alusión europea a que admitiría requisitos adicionales siempre que fueran «proporcionales» a los objetivos de la decisión marco para introducir un retoque ad hoc en una ley aprobada a finales del año pasado que en realidad corrige totalmente el sentido de la norma europea e impide las excarcelaciones.

Así las cosas, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se limitó a indicar ayer a la AN que «sería razonable» que aceptase el criterio del Supremo, comenzando por ordenar la vuelta a prisión de Santi Arrozpide o Alberto Plazaola. Dejó caer que «no es un escenario que se puede descartar, sino todo lo contrario», pero insistió en todo momento en que le corresponde decidirlo a la AN. En Madrid había coincidencia ayer en que la consulta previa a Luxemburgo es una opción real.

Sin prisas con los excarcelados

En la misma línea de prudencia, la Fiscalía del Supremo explicó ayer que la decisión tomada el martes y presentada como unificación de criterio solo afecta realmente a Kepa Pikabea, dado que el recurso que se analizó era el suyo.

En consecuencia, dice que no reclamará una inmediata revocación de las excarcelaciones ya dictadas por este asunto, sino que prefiere esperar a que cuando toque el Supremo resuelva los recursos contra Plazaola o Arrozpide ya presentados. La Fiscalía asume que entre las distintas instancias judiciales puede haber todavía «matices» al interpretar el asunto.