Madrid deniega el asilo a un activista saharaui condenado a cadena perpetua
El Gobierno español ha rechazado la petición de asilo realizada por el activista saharaui Hassanna Aalia, condenado a cadena perpetua por un tribunal militar de Rabat por participar en el campamento Gdeim Izik. Le ha dado un plazo de 15 días para abandonar el Estado español, pese al castigo que le espera y del riesgo de ser torturado si regresa a Marruecos.
CEAR-Euskadi ha denunciado la denegación de asilo político por parte del Ministerio español de Interior al activista saharaui Hassanna Aalia, de 26 años, detenido y torturado en más de una ocasión en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Aalia fue juzgado en rebeldía y condenado en febrero de 2013 por un tribunal militar de Rabat a cadena perpetua por su participación, tres años antes, en el Campamento de la Dignidad de Gdeim Izik, en las afueras de El Aaiún, violentamente desalojado por las fuerzas de seguridad marroquíes.
La resolución de Interior del pasado 19 de enero admite que Aalia, que en 2011 vino a Euskal Herria e estudiar, cumple los requisitos para que se le ofrezca protección internacional, pero alega que tiene un proceso en Marruecos y le da un plazo de 15 días para abandonar el Estado español.
Las denuncias de organismos internacionales sobre el incumplimiento de las garantías mínimas en aquel juicio militar y las reiteradas denuncias de vulneraciones de derechos humanos por parte de Marruecos no fueron tomadas en cuenta por Madrid. Su abogado y letrado de CEAR-Euskadi, Javier Canivell, ha anunciado la presentación inmediata de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional española y la solicitud de suspensión cautelar de la salida obligatoria, mientras se multiplican las iniciativas de para tratar de evitar su expulsión.
Miembro de la Asociación Saharaui de Víctimas por los Derechos Humanos (ASVDH) y del medio informativo Equipe Media (EM) en Territorios Ocupados del Sáhara Occidental, Aalia asegura que la denegación de su asilo, que había sido respaldada por ACNUR, está relacionada con los intereses económicos del Estado español respecto a Marruecos que «están por encima de los derechos humanos y del pueblo saharaui».
En una entrevista publciada en GARA en febrero de 2013, aseguraba que «desde niño tomas conciencia de vivir en un país ocupado»