La Audiencia Nacional devuelve a Ceuta la investigación de la tragedia del Tarajal
El magistrado de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu ha rechazado la competencia del tribunal especial para investigar la tragedia ocurrida hace un año en la playa de El Tarajal, donde murieron quince migrantes, y ha devuelto la causa a un juzgado de Ceuta.
El juez Andreu ha rehusado, en un auto fechado el pasado 29 de enero y siguiendo el criterio de la Fiscalía, la inhibición en favor de la Audiencia Nacional acordada por el juzgado de instrucción 6 de Ceuta, que le mandó este caso considerando que es competente porque los hechos ocurrieron en Marruecos y no en el Estado español.
El juzgado ceutí argumentaba para ello que en territorio marroquí se hallaron varios de los cadáveres de los inmigrantes, según afirma en un atestado la Guardia Civil, cuyos agentes –según indicó Interior el pasado mes de marzo– lanzaron 145 pelotas de goma y cinco cartuchos de humo ese día.
Andreu indica que hay una «certeza» en este caso, y es que «la actuación de la Guardia Civil se produjo en territorio español, sin que nadie ponga en duda esta circunstancia», aunque añade que «no puede afirmarse con la rotundidad que en algunos casos se expone que dicha actuación haya sido la causa de la muerte de los inmigrantes».
Es precisamente la actuación de los agentes, recuerda Andreu, lo que se investiga en esta causa.
Lo que no se ha acreditado aún, indica, es si las muertes de los marroquíes se produjeron en territorio español, en marroquí o en ambos, ya que se encontraron cadáveres tanto en aguas españolas como marroquíes y no se puede saber dónde fallecieron porque las corrientes marinas pudieron haber trasladado los cuerpos de un lugar a otro.
Ubicuidad
Sin embargo, indica que incluso en el «hipotético caso de que quedase acreditado que el resultado, el fallecimiento de los inmigrantes, se produjo en suelo o en aguas marroquíes», la competencia seguiría siendo de Ceuta siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo sobre la ubicuidad.
Esta doctrina sostiene que el lugar de comisión del presunto delito es tanto donde se produce la acción (en este caso la actuación de la Guardia Civil ante la llegada de los migrantes), como donde ocurre el resultado (la muerte de las 15 personas).
«Cuando los dos lugares sean distintos, la competencia del juez corresponderá al juez de cualquiera de ellos (Estado español o Marruecos), pues en todo y cada uno se debe entender cometido el delito, y por lo tanto el que haya iniciado las diligencias (en este caso Ceuta) deberá continuar conociendo de las mismas», concluye el magistrado.
Este viernes se cumple un año de esta tragedia ocurrida cuanto decenas de inmigrantes intentaron alcanzar las costas ceutíes a través de la playa de El Tarajal. Catorce personas murieron y una desapareció.
Tras la tragedia, el Ministerio español de Interior publicó las grabaciones de la tragedia de Ceuta entregadas al juzgado ceutí por la Guardia Civil, pero defendió que en ellas no se aprecia «ningún impacto de ningún medio antidisturbio sobre ningún inmigrante», si bien reconoció su lanzamiento.
El hallazgo de estos cadáveres en las playas españolas dio origen a que el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta abriera diligencias e iniciara una investigación, liderada por la jueza María del Carmen Serván.
La recopilación de datos, grabaciones y opiniones todavía sigue sin cerrarse, en espera de la resolución de Andreu sobre la inhibición que presentó la jueza el pasado diciembre.
Acto en Madrid
Con motivo del aniversario de la tragedia, epresentantes de organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Red Acoge, SOS Racismo o Coordinadora de Barrios han querido homenajear a esos quince subsaharianos fallecidos en un acto simbólico que ha precedido a la entrega en el Senado de 95.000 firmas para pedir que no se legalicen las «devoluciones en caliente».
Frente al Templo de Debod, quince miembros de estas organizaciones han colocado una a una en una concertina quince rosas para, en un grito silencioso, pedir a la Justicia que investigue la tragedia «de forma imparcial e independiente y sin retrasos ni dilaciones», y al Gobierno español que de un giro a su política migratoria.