Las Juntas Generales de Bizkaia expresan su apoyo a la causa de la jueza Servini contra el franquismo

Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado una propuesta de EH Bildu para instar al Gobierno español a que acate la resolución de la jueza argentina María Servini de Cubría y reclame la detención y extradición a Argentina de 19 imputados por crímenes del franquismo.

En el pleno de Juntas Generales celebrado en Gernika, la cámara ha aprobado el texto de apoyo a la querella argentina, con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP que ha votado en contra.

Además de instar a la detención y extradición de los 19 imputados en la causa, la propuesta aboga por condenar el alzamiento militar fascista de 1936 y «la dictadura que reprimió sangrientamente todo rastro de disidencia, justicia social y derechos nacionales».

De igual forma, respalda «todas las medidas necesarias» para garantizar a los «represaliados por el régimen franquista» la recuperación de la verdad, su derecho a la justicia y una «compensación digna y no discriminatoria».

También insta a «todas las instituciones públicas de este territorio a retirar cualquier elemento que pueda hacer mención a personas promotoras, impulsoras o que detentaron cualquier tipo de poder durante el periodo la dictadura franquista» en Bizkaia.

EH Bildu y PNV han coincidido en que el español es el segundo Estado del mundo, tras Camboya, con más personas desaparecidas, que tras el golpe militar de 1936, asciende a 114.000.

Asier Vega, de EH Bildu, ha lamentado que el Gobierno español ha demostrado que «no tiene ningún interés en abrir las puertas a la justicia y a la memoria histórica».

A su juicio, en el Estado no ha habido «una verdadera transición democrática», porque de lo contrario «no habría existido impunidad para los líderes del régimen franquista, que ocuparon todos los puestos de responsabilidad» tras el fin de la dictadura.

Esther Martínez, del PP, ha considerado que es «una desfachatez, una demagogia y una mentira» la afirmación de EH Bildu de que no ha habido «transición democrática» y, tras rechazar de forma expresa el alzamiento de 1936, se ha reafirmado en la Ley de Amnistía y la Constitución de 1978 que, a su juicio, «consagró» el Estado democrático y de derecho.

Juan Otermin, del PSE, ha afirmado que, hasta que no haya una sentencia internacional que lo determina, la violencia del franquismo no puede ser calificada de genocidio, aunque ha considerado que, para su partido, así lo fue.

«Necesitamos que una instancia internacional ponga negro sobre blanco y lo califique verdaderamente como genocidio», ha apuntado.

Jon Sánchez, del PNV, ha sugerido que es preciso tener en cuenta también a las víctimas causadas hasta 2010 –en referencia a las de ETA, a las que también PSE y PP han hecho referencia– y se ha amparado en el «rigor ético» para seguir trabajando en las nociones de «verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».