Ayudas+Justas recoge firmas en un local sin licencia de actividad, según ha denunciado el PNV
El PNV ha denunciado que la sede de Gasteiz de Ayudas+Justas carece de licencia de actividad. El edil Álvaro Iturritxa ha instado a los técnicos y a la Policía Municipal a que proceda al cierre del local, que esta mañana permanecía abierto.
La sede que la plataforma Ayudas+Justas tiene en Gasteiz carece de licencia de actividad. Así lo ha denunciado el edil del PNV Álvaro Iturritxa, que la semana pasada preguntó al Gobierno municipal, en manos del PP, por la situación administrativa del local.
«A pesar de lo que se nos dijo en el pleno, hemos podido constatar que el alcalde Maroto inauguró un local sin licencia de actividad y sin que sus promotores la hubieran siquiera solicitado», ha destacado el concejal jeltzale tras recordar que la plataforma, creada para impulsar una ILP que tiene por objeto dejar fuera de la RGI a las personas en situación irregular, comenzó a recoger firmas el pasado 22 de diciembre.
Iturritxa ha explicado que el exportavoz de Ayudas+Justas, Patxi Gómez, solicitó la licencia de actividad el 23 de diciembre, un día después de inaugurar el local. Y un mes más tarde el Departamento de Urbanismo redactó un informe en el que se instaba a la plataforma a presentar más información para poder funcionar de acuerdo a la ley.
Sin embargo, el concejal ha subrayado que ese informe no se llegó a tramitar, «se guardó en un cajón», mientras la plataforma seguía con su actividad. El Gabinete de Javier Maroto desempolvó la providencia la semana pasada, después de que Iturritxa visitase las oficinas de Regimén Jurídico para requerir información al respecto.
Cabe señalar que en la providencia, fechada el 27 de marzo y firmada por el concejal de Urbanismo, Miguel Garnica, se advierte a la plataforma de que «se abstenga de ejercer la actividad hasta tanto no relice las actuaciones indicadas». «En el caso de no realizarse se ordenará el cese de actividad y precinto del local, sin prejuicio de la imposición de una multa por importe de 500 a 5.000 euros».
«Resulta paradójico que aquellos que se sienten legitimados para denunciar el fraude en las ayudas sociales acumulen todas las irregularidades que suman: la dimisión forzosa del portavoz por presuntas irregularidades, el rosario de presiones a las que han sometido a ciudadanos y empresas en su campaña de recogida de firmas, que incluso ha propiciado incidentes con los escoltas del alcalde y, ahora, como colofón, mantienen su oficina abierta saltándose la legalidad exigible al resto de la ciudadanía, con el visto bueno del PP», ha señalado el edil, que ha instado a los técnicos municipales y a la Policía Municipal a que procedan al cierre del local.