El Comité contra la Tortura vuelve a denunciar la incomunicación en el Estado español

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha criticado «la aplicación excesiva y en condiciones cuestionables» del régimen de incomunicación a las personas detenidas en el Estado español.

El Comité analiza entre este martes y miércoles la implementación por parte del Estado español de la Convención contra la Tortura.

Siete de los nueve miembros del Comité que han tomado la palabra durante la sesión de hoy se han referido al régimen de incomunicación y han criticado diversos aspectos de su aplicación.

«Hemos recibido numerosas críticas sobre el régimen de incomunicación. El terrorismo no tiene justificación alguna, pero el abuso tampoco. No es un tema de debilidad, es un tema de fortaleza del estado de derecho», ha afirmado el presidente del comité y relator del informe, Cladio Grossman.

«Una de las cosas que más me sorprende es la generalidad con la que la incomunicación se aplica», ha añadido Satyabhoosun Gupt Domah, miembro del comité.

Al inicio de la sesión, la embajadora del Gobierno de Madrid ante la ONU, Ana María Menéndez Pérez, ha indicado que durante 2013, 2014 y los primeros meses de 2015, dicho régimen «se ha aplicado a un 8 % de los detenidos por terrorismo».

La diplomática ha asegurado que este régimen es una medida excepcional y que se aplica solo con supervisión judicial.

Por su parte, Alessio Bruni, otro de los miembros del comité, se ha referido a la extensión del régimen de incomunicación y ha dicho que a pesar de que teóricamente no podía extenderse más allá de 14 días se tenían evidencias de que se había aplicado hasta 42 jornadas, y ha pedido explicaciones sobre la salud de los presos que han sido sometidos a ella.

Cárceles superpobladas

Bruni también se ha referido a la superpoblación de las cárceles españolas, y ha recordado que, de media, están en un 145% de su capacidad, por lo que ha preguntado a la delegación estatal que es lo que el Gobierno pretende hacer para cambiar esta situación.

El experto George Tigushi se ha interesado sobre la capacidad de los abogados de mantener encuentros con sus clientes sujetos a incomunicación, y ha cuestionado específicamente sobre denuncias de presos atados durante horas.

Por otra parte, Jens Modvig ha recordado que en los últimos cuatro años se han denunciando casi 300 casos de tortura, y ha preguntado específicamente cuántos de ellos se han investigado, cuántas personas han sido castigadas, y cuántas indemnizadas.

Asimismo Modvig, como antes lo hicieron varios de sus compañeros, ha cuestionado la situación de los inmigrantes y solicitantes de asilo de los centros de retención de Ceuta y Melilla.

Otro de los asuntos más reiterados ha sido la falta de avances de procesos judiciales por tortura, incluida la no aceptación a trámite por parte de la Fiscalía, bajo el argumento de que no se puede identificar al agente que supuestamente cometió el delito.

«No hablamos de un caso o dos, sino de varios, lo que implica que la falta de identificación se convierte en un patrón. No se puede aceptar que un caso de tortura no se investigue porque no se identifica claramente al culpable, existe algo llamado cadena de mando, la autoridad que dio la orden», ha subrayado Grossman.