Indonesia justifica las ejecuciones en su guerra contra el narcotráfico

Indonesia defendió ayer en nombre de la guerra contra el narcotráfico la ejecución de ocho condenados a muerte, siete de ellos extranjeros, ante las críticas de Australia y Brasil, que habían pedido clemencia para sus ciudadanos convictos. París multiplica sus esfuerzos diplomáticos para salvar la vida de Serge Atlaoui. La ONU volvió a pedir a todos los países que aplican la pena de muerte una moratoria con vistas a su abolición.

Las autoridades de Yakarta justificaron ayer el fusilamiento el martes de tres nigerianos, dos australianos, un brasileño, un ghanés y un indonesio –en el último minuto se aplazó la ejecución de una filipina– como una medida necesaria en la lucha contra el narcotráfico.

El Gobierno de Joko Widodo desoyó todas las peticiones de clemencia y se mantiene firme en su política de represión del tráfico de drogas. Widodo insistió en que hay que «aplicar la ley», y el fiscal general, Muhamad Prasetyo, afirmó que estas ejecuciones no significan que se considere enemigos a los países de procedencia de los condenados, sino que persiguen disuadir a futuros criminales.

«Estamos en una guerra contra los horribles crímenes vinculados a la droga que amenazan la supervivencia de nuestra nación», sostuvo Prasetyo en Cilacap, cerca del centro penitenciario donde se llevaron a cabo los fusilamientos.

Brasil y Australia

Brasil recibió la noticia de la ejecución de Rodrigo Gularte, de 42 años y enfermo de esquizofrenia, según su familia, «con profunda consternación» y anunció que está «evaluando» sus relaciones con Indonesia. Estas ya se vieron afectadas a principios de año tras la ejecución de otro de sus ciudadanos. Brasilia retiró entonces a su embajador en Yakarta y un mes después la presidenta, Dilma Rouseff, se negó a recibir al nuevo cuando iba a presentar sus cartas credenciales, lo que llevó a Indonesia a retirar también al suyo.

Por su parte, el primer ministro de Australia, Tony Abbott, llamó a consultas a su embajador en Yakarta y advirtió de que las relaciones se encuentran en «un momento oscuro» tras unas ejecuciones que calificó como «crueles» e «innecesarias». Abbott sostuvo que la relación con Indonesia es muy importante, pero que esta se ha resentido. Los contactos ministeriales se encuentran interrumpidos. Ambos países habían rehecho las relaciones maltrechas hace dos años después de que se supiera que los servicios secretos australianos trataron, sin éxito, de escuchar las conversaciones del presidente y su entorno en 2009.

En el último momento, una de las condenadas, la filipina Mary Jane Veloso, fue retirada de la lista de ejecución después de que una persona sospechosa de haberla contratado para transportar droga a Indonesia se entregara a las autoridades en Filipinas. Esta decisión fue recibida como un milagro en Filipinas, pero el fiscal general indonesio advirtió de que se trata únicamente de un «aplazamiento», a la espera del resultado de las investigaciones.

Otro extranjero, el francés Serge Atlaoui, de 51 años, fue retirado de la lista de ejecuciones la semana pasada y espera en el corredor de la muerte. El Estado francés ha multiplicado sus esfuerzos diplomáticos para impedir lo que parece inevitable.

Moratoria inmediata

Amnistía Internacional reprobó las ejecuciones y denunció la total falta de consideración hacia el proceso legal y la salvaguarda de los derechos humanos. Denunció que varios presos no tuvieron acceso a abogados competentes o intérpretes durante el arresto y en la fase inicial del juicio.

La Unión Europea dijo estar «consternada» por estas ejecuciones y urgió a las autoridades de Indonesia a «atender los puntos de vista expresados por muchos en la comunidad internacional» y a declarar una «moratoria inmediata sobre la aplicación de la pena de muerte».

El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, expresó su «profundo rechazo» a la ejecución de ocho presos en Indonesia por narcotráfico e instó a Yakarta a conmutar todas las penas de muerte. Insistió en que Indonesia debe conmutar todas las penas de muerte porque es un castigo que «no tiene lugar en el siglo XXI» y aprovechó para pedir a todos los países que aún la mantienen a «aplicar una moratoria con vistas a la abolición».

El presidente indonesio minimizó las críticas y pidió respeto a sus leyes. «Nuestra ley debe ser respetada. Nosotros respetamos la soberanía de las leyes en otros países», sostuvo.

En enero, Indonesia, donde, según un sondeo, el 85% de la población apoya la pena de muerte en los casos de narcotráfico, ya fusiló a seis personas por tráfico de drogas.

Exigen el fin del aislamiento de Papúa

Decenas de personas se manifestaron ayer frente a embajadas de Indonesia en Londres, París y otras ciudades para exigir el fin de los 50 años de aislamiento de Papúa Occidental. Simpatizantes de Tapol, Amnistía Internacional, Free West Papua Campaign y Survival International, protestaron vestidos de negro para protestar por el «apagón mediático» que sufre Papúa y portaron pancartas con lemas «Fin a los asesinatos, abrid Papúa». También hubo protestas en el Estado español, Italia, Australia, EEUU y la propia Papúa Occidental, informó Survival. Los pueblos indígenas de Papúa han sufrido ejecuciones, detenciones y torturas a manos del Ejército indonesio, que «actúa con total impunidad». El acceso a Papúa Occidental ha sido bloqueado a organizaciones de derechos humanos, periodistas y agencias humanitarias, pese a las promesas preelectorales del presidente Joko Widodo. «Se estima que más de 100.000 papúes habrían sido asesinados desde el inicio de la ocupación en 1963», denunció Survival.GARA