Sortu y Aralar denuncian «el robo de bienes» que supone la sentencia contra las herrikos

Pernando Barrena, portavoz de Sortu, ha apuntado que «mientras este tipo de condenas políticas se produzcan, la paz y la normalización política serán objetivos todavía por alcanzar». Aralar, por su parte, ha definido la incautación de 107 herrikos como «un escándalo jurídico inaudito en Europa».

Sortu ha denunciado en Donostia la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la incautación de 107 herrikos. «Estamos ante una sentencia condenatoria que tiene su origen en la Ley de Partidos y en la ilegalización de ideas», ha apuntado su portavoz Pernando Barrena.

En esta dirección se ha mostrado orgulloso de «haber mantenido la vigencia del proyecto político de la izquierda abertzale». Asimismo ha recordado que «gracias a ese trabajo político» se abrió un nuevo tiempo político en Euskal Herria. «La sentencia pretende castigar la labor política independentista y haber denunciado el abuso de la ilegalización de ideas. Quieren evitar a toda costa que el independentismo sea alternativa real de poder en este país y esta sentencia es un instrumento para ese objetivo. Quieren que la ciudadanía vasca nunca pueda decidir su futuro y saben que la izquierda abertzale no es sino una herramienta para posibilitarlo», ha apuntado.

Pese a ello, ha remarcado que «el compromiso con este nuevo tiempo político permanece intacto y no vamos a permitir que nadie arruine esta oportunidad sin igual para la paz y la normalización».

Del mismo modo, ha apuntado a que se trata de «la mayor incautación de bienes por persecución política desde el Franquismo». Por ello, ha subrayado que «mientras este tipo de condenas políticas se produzcan, la paz y la normalización política serán objetivos todavía por alcanzar». Finalmente, ha realizado un llamamiento a acudir a las movilizaciones de denuncia y asambleas locales.

Aralar: «Es un escándalo jurídico inaudito en Europa»

La secretaria general de Aralar Rebeka Ubera ha subrayado que «se trata de un escándalo jurídico inaudito en Europa». «El que 107 sociedades ciudadanas, construidas gracias al esfuerzo de miles de ciudadanos y ciudadanas, sean confiscadas y pasen a ser propiedad del Estado español no tiene ni pies ni cabeza», ha subrayado. Por ello, lo ha definido como «un claro robo de patrimonio».

Todo esto demuestra, según Ubera, que «en el Estado español no existe una separación real de poderes y que son los herederos del franquismo quienes siguen tomando las decisiones». Ante ello, la secretaria general de Aralar ha resaltado que «la sociedad vasca desea y reclama la normalización».

Finalmente ha querido mostra la solidadridad de su formación con quienes han sido procesados y ha querido sumarse a las movilziaciones de protesta.