NUEVO HITO EN LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LAS PROSTITUTAS

La decisión de Amnistía Internacional de asumir la demanda de despenalizar la prostitución consentida ha generado algunas exaltadas reacciones que han llegado hasta Hollywood. Aunque el debate sigue, la defensa de los derechos de las prostitutas se abre paso.

La reciente revelación de que un local de alterne sufragó durante años la celebración de la fiesta del Pilar del cuartel de la Guardia Civil en Tutera, cuyo capitán al mando es amigo del propietario del prostíbulo (según “Interviú”), además de reflejar crudamente el país en el que nos ha tocado vivir, muestra la prostitución como realidad social indiscutible. Ha existido, existe y, siempre que siga habiendo dos personas dispuestas a intercambiar sexo por dinero y viceversa, seguirá probablemente existiendo.

El tema, antiguo, largo y espinoso, genera arduos debates entre las tesis abolicionistas, que abogan por la prohibición, y las demandas de derechos para las trabajadoras sexuales. Un debate que, por primera vez, la organización Amnistía Internacional ha encarado y desarrollado en toda su complejidad a lo largo de los últimos meses, proceso tras el cual aprobó este mes de agosto en Dublín una novedosa resolución según la cual Amnistía Internacional desarrollará «una política que apoye la plena despenalización de todos los aspectos del comercio sexual consentido».

Adoptada en un encuentro en el que participaron 400 delegados de 70 secciones nacionales, la resolución fue calificada de «histórica» por el secretario general de AI, Salil Shetty. Aunque explicó que no fue una decisión «fácil de adoptar», la defendió asegurando que «la criminalización del trabajo sexual consentido entre adultos puede resultar en un aumento de violaciones de las trabajadoras sexuales».

Pero que Amnistía Internacional dejase claro por activa y por pasiva que seguirán reclamando con firmeza la persecución de «la prostitución infantil, el tráfico de personas y de toda prostitución forzada» no fue suficiente para la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres (CATW, por sus siglas en inglés), que durante el proceso de debate publicó una carta abierta en la que denunciaba que AI «se pone más del lado de los explotadores que de los explotados». «No hay ninguna lógica detrás de la premisa de que para proteger a los explotados tengas que despenalizar a los explotadores. No tiene sentido», señaló tras la aprobación de la resolución la directora ejecutiva de CATW, Taina Bien-Aime, en defensa de cuyas tesis se han manifestado varias actrices de Hollywood como Meryl Streep o Kate Winslet, aportando su glamour a las tesis abolicionistas.

«¿Y qué quieren, que para ganarme la vida les friegue las escaleras a esas pijas ricas? Pues no, prefiero ser puta, la verdad», contesta contundente Paula Ezkerra, miembro del colectivo Putas Indignadas del barrio del Raval de Barcelona.

Despenalización de los burdeles

En proceso de convertirse en cooperativa, el colectivo Putas Indignadas reclama el derecho a ejercer la prostitución en la vía pública, algo prohibido en Barcelona por las ordenanzas municipales. Ezkerra explica que en la calle se sienten más seguras, ya que tienen la libertad de elegir al cliente de forma autónoma y organizarse entre ellas. Algo que no siempre ocurre en los prostíbulos, tal y como señalan la propia Ezkerra o Montse Neira, entrevistada en la página contigua. Sin ir más lejos, el club Eros de Tutera, que ha servido para arrancar este texto, está investigado por trata y explotación.

Uno de los puntos más controvertidos de la resolución de AI es, precisamente, que se compromete a hacer campaña para que tampoco se persiga «a los proxetenetas y administradores de burdeles que no fuercen a las mujeres», lo que ha despertado las críticas de aquellos que, defendiendo la no persecución de prostitutas y clientes, se oponen a la existencia de burdeles. El debate sigue abierto y, en cualquier caso, Shetty ya dejó claro que la resolución no es más que la base «para adoptar una política para la protección de los derechos humanos de los trabajadores sexuales que ayudará a dar forma al trabajo futuro de Amnistía Internacional».