La Guardia Civil entra en campaña con varios registros en sedes de CDC

Con los altavoces mediáticos convenientemente advertidos, la Guardia Civil realizó ayer varios registros vinculados con CDC, a la que acusan de financiación ilegal. A falta de pruebas que confirmen un delito con antecedentes en el seno del partido, resulta obvia la intencionalidad política de una operación que llega a falta de un mes para el 27S.

«Ustedes tienen un problema, que es el 3%». El fantasma del expresident Pasqual Maragall, autor de esta frase hace diez años, volvió a sobrevolar ayer Catalunya, donde la Guardia Civil realizó siete registros en el marco de una operación sobre la supuesta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Sobra recordar que la intervención del Estado llega a falta de dos semana para la Diada y a falta de un mes para las cruciales elecciones plebiscitarias del 27 de setiembre, en las que CDC se presenta junto a ERC en la candidatura unitaria Junts pel Sí, que precisamente ayer realizó su primer gran acto público.

La Guardia Civil y el Ministerio de Interior entraron por lo tanto por la puerta grande en la campaña catalana, acompañados por la prensa madrileña, en un modus operandi que, salvando las distancias, tiene su equivalente en el informe apócrifo de la UDEF lanzado en la campaña electoral de 2012. Con la máxima de que «la realidad no te fastidie una exclusiva» en mente, varios medios lanzaron la noticia a primera hora de la mañana, explicando con todo lujo de detalles los pormenores de una operación y unos registros que en realidad no habían empezado todavía. Mientras en las redes corría la noticia del registro, los agentes de la Guardia Civil esperaban todavía ante el portal 80 de la calle Casp de Barcelona a que llegase el juez para poder empezar el registro. Hubo que esperar dos horas para que la autoridad judicial se presentase y la realidad coincidiese con las informaciones periodísticas.

Al margen del devenir mediático, poca información sobre este nuevo caso de corrupción que parece acechar a Convergència Democràtica, ya tocada de muerte por el caso Palau. Según las informaciones policiales recogidas por la prensa, un juzgado del Vendrell (Tarragona) investiga las posibles comisiones pagadas por la empresa Teyco y otras vinculadas a la familia Sumarroca (muy cercana a CDC) a cambio de obra pública en varios municipios catalanes. Al menos parte de esas comisiones se canalizaban, supuestamente, a través de la Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem), sucesora de la fundación Trias Fargas, implicada en el caso Palau. De ahí que el registro matinal más mediático se diese en la sede de CatDem, aunque de forma paralela se registrasen también el domicilio del extesorero de CDC Daniel Osácar (imputado en el caso Palau) y los Ayuntamientos de Sant Cugat, Sant Celoni, Figueres y Lloret de Mar.

La operación dio un inesperado paso al mediodía, cuando la Guardia Civil se dirigió a la sede central de CDC para registrar el despacho del tesorero actual del partido y de la fundación, Andreu Viloca. Este registro no estaba inicialmente previsto.

El origen del caso se sitúa en la investigación sobre el exalcalde Torredembarra, Daniel Masagué, detenido ya en dos ocasiones (en junio del año pasado y en julio de este año) y a quien se detectaron ingresos de hasta 1,43 millones de euros procedentes de sociedades vinculadas a los Sumarroca. Esto llevó, también en julio, a la detención del consejero delegado de Teyco, Jordi Sumarroca (hijo de uno de los fundadores de CDC) y el registro de su despacho, donde encontraron, según las mismas fuentes policiales citadas ayer por la prensa madrileña, evidencias documentales del pago de comisiones del 3% a Convergència a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.

Operación electoralista

Aunque la primera reacción oficial corrió a cargo de la propia CatDem, fue el coordinador general de CDC, Josep Rull, el encargado de valorar políticamente la operación. «La espectacu- laridad del registro evidencia que no se busca justicia, sino espectáculo mediático para influir en el 27S», consideró el líder convergente, que añadió que «alguien ha querido entrar en campaña antes de hora. Sabemos cómo actúa la Fiscalía y por órdenes de quién». «Estamos abiertos a facilitar cualquier información que pidan. Todos los datos están revisados por los organismos competentes y siempre hemos expresado nuestra voluntad de transparencia, pueden registrar todas las sedes que quieran; no encontrarán nada porque no tenemos nada que esconder», trató de defenderse Rull, en un tono igual al empleado por el Govern, que calificó de «espectáculo televisivo» la operación de ayer.

Desde Madrid, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que «la justicia no entiende de fechas electorales».

Una afirmación que en Catalunya no compró ni el candidato de Catalunya Sí que es Pot, la coalición de ICV-EUiA y Podemos. Abanderado habitual del discurso antiMas, Lluís Rabell prefirió la prudencia, aunque recordó el historial corrupto de CDC. Línea parecida a la del exdiputado de la CUP David Fernández, para quien los indicios de corrupción «no pueden negar que se trata de una operación electoralista».

La sombra del 3% y la financiación ilegal de Convergència a través de sus fundaciones

Si bien a nadie extrañó ayer la irrupción de la Guardia Civil en el escenario catalán, cabe destacar que tampoco fue novedosa la acusación de financiación ilegal contra CDC, partido al que persiguen varios casos de corrupción y sobre el que todavía pende el juicio por el caso Palau, una trama similar a la que supuestamente se dio a conocer ayer. De hecho, el extesorero Daniel Osácar está también imputado en la trama del Palau, en la que se acusa a Convergència de recibir millonarias comisiones ilegales de la empresa Ferrovial a cambio de adjudicaciones igualmente millonarias, como la de la línea 9 del metro de Barcelona. Las comisiones se cobraban, supuestamente, a través del Palau de la Música, que transfería el dinero a la fundación Trias Fargas, fundación de CDC antecesora de CatDem, en el ojo del huracán tras la operación de ayer.

Aunque el juicio está todavía por celebrarse, los responsables del Palau (Félix Millet y Jordi Montull) han confesado ya que se quedaban con una porción de las comisiones, confirmando de este modo la veracidad de al menos parte de la supuesta trama corrupta. Un caso que obligó a CDC a presentar como aval, primero, y vender, después, su sede central de la calle Córsega (que mantiene todavía como sede, pero no en propiedad). También están embargadas una quincena de sedes menores de la formación.B.Z.