Eurodiputados concluyen que en el Estado español «la justicia se mezcla con la venganza»
Coincidiendo con el 10º aniversario de la creación del Basque Friendship en el Parlamento europeo y aprovechando la visita que hoy y mañana Arnaldo Otegi realiza a la Eurocámara, los siete eurodiputados que visitaron Euskal Herria en febrero han presentado un contundente informe acerca de la vulneración de los derechos humanos de los presos y presas políticas vascas.
«El 20 de octubre de 2011 ETA declaró el final definitivo de cincuenta años de actividad armada. Sin embargo, después de cuatro años, el régimen penitenciario ha aumentado significativamente la severidad en cuanto al cumplimiento de las sentencias de cárcel. Hay un mayor control penitenciario y la ley se inspira en el principio de hacer pagar a los delincuentes, en lugar del principio de reintegración». Con esta contundente frase arrancan las conclusiones del informe sobre los derechos humanos de los presos vascos por motivos políticos presentado hoy en la Eurocámara.
Aprovechando la visita de Arnaldo Otegi a Bruselas y el 10º aniversario de la creación del Basque Friendship, los eurodiputados Gabi Zimmer (GUE/NGL-Die Linke), Mlin Björk (GUE/NGL-Vänsterpartiet), Martina Anderson(GUE/NGL-Sinn Féin), Lidia Senra (GUE/NGL-Alternativa Galega de Esquerda), Josep-Maria Terricabras (Greens/EFA-ERC), Tatjana Zdanoka (Greens/EFA-Latvijas Krievu Svieniba) y Mark Demesmaeker (ECR-N-VA) han presentado esta mañana el informe elaborado tras la visita efectuada a Euskal Herria en febrero con el objetivo de «escrutar y denunciar las violaciones de los derechos humanos de estos presos».
Tras un breve repaso a la legalidad española, de la que se critican las numerosas medidas excepcionales que contempla y a la que se considera como «paradigma del Derecho Penal del Enemigo», los eurodiputados abordan en el informe cuatro aspectos relacionados con los presos políticos vascos, no sin antes advertir que, sobre todo en el Estado español, «la justicia se mezcla a menudo con la venganza».
La dispersión y los presos enfermos
Sobre la «discriminatoria» política de dispersión, los eurodiputados recogen la numerosa jurisprudencia comunitaria e internacional en contra del alejamiento, desde el Consejo de Europa y la Convención Europea de Derechos Humanos a la Asamblea General de la ONU, pasando por las Recomendaciones de Oslo sobre los Derechos Lingüísticos de Minorías Nacionales.
Se recoge también la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, que dio la razón a un ciudadano ucraniano encarcelado a 1.000 kilómetros de sus familiares. «Se concluye que la situación de muchos presos vascos de motivación política es equivalente a la del caso Rdozevillo v. Ucrania», se lee en el informe, en el que se concluye que «la política de dispersión contra los presos viola el principio constitucional de reintegración y el derecho a una vida privada y familiar garantizado por el Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos».
Los eurodiputados también abordan la situación de los al menos 10 presos gravemente enfermos sobre los que tuvieron conocimiento a través de Etxerat y Jaiki Hadi. «Después de escuchar los testimonios de los familiares de los presos y en base al criterio profesional de los médicos de la asociación Jaiki Hadi, se podría concluir que el derecho a la salud de al menos 10 presos vascos está en alto riesgo», concluye en este punto el informe, que denuncia que «el control médico en la cárcel suele ser reducido al mínimo».
Alargamiento de penas y el caso francés
El tercer asunto monitorizado por los eurodiputados es la implementación de la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo Europeo en el Estado español, que es la referida a tener en cuenta en nuevos procedimientos judiciales las condenas anteriormente impuestas en otro país de la UE.
El informe denuncia que el Estado español tardó cuatro años en aprobar la Ley Orgánica 7/2014, con la que supuestamente aplica su legislación a la Decisión Marco. Extremo que los eurodiputados niegan, al considerar que las excepciones previstas en dicha ley «contravienen la letra y el espíritu de la Decisión Marco».
«Mientras que Francia toma en cuenta las condenas españolas, España limita esta obligación impuesta en el artículo 3 de la Decisión Marco y no toma en cuenta las condenas francesas», apunta el informe, en el que se denuncia que «esta limitación tiene un impacto en muchos presos», ya que «algunos de ellos podrían ser automáticamente liberados y otros podrían tener una importante reducción de sus años en prisión».
En el cuarto punto, dedicado a las solicitudes de libertad condicional en el Estado francés, el informe recuerda que en 2015 fueron denegadas las solicitudes de ocho presos, aunque apunta que en marzo quedó finalmente en libertad Lorentxa Guimon. En cualquier caso, los eurodiputados rechazan de plano que el rechazo de la libertad condicional se dé por razonamientos estrictamente políticos como que no se sabe qué puede suceder en el futuro porque ETA no se ha desarmado.
Recomendaciones
En el final del informe, en el que los eurodiputados recuerdan que «no hay yuxtaposición en los Derechos Humanos» y que, por tanto, «respetar los Derechos Humanos de los presos vascos por motivos políticos no es opuesto a respetar los Derechos Humanos de las víctimas de ETA», los siete eurodiputados firmantes urgen a los Gobiernos español y francés a «dar los pasos necesarios para respetar los derechos de los presos» y a dejar de «aplicar políticas discriminatorias excepcionales».
«La única vía para un proceso de paz exitoso es dejar a un lado el castigo colectivo. Los presos también deben participar en la construcción de la paz», añaden en el capítulo de recomendaciones, en el que, por último, expresan su solidaridad «con los familiares y allegados de los presos vascos por motivos políticos».