Posturas enfrentadas en la demanda por el ERE de TRW
Representantes sindicales y de la dirección de la empresa TRW en Iruñea han evidenciado sus diferencias en torno a la legalidad del expediente de extinción de 123 contratos en la factoría de Landaben, donde produce direcciones para vehículos.
En la vista, precedida por una concentración de trabajadores de TRW ante el palacio de Justicia, han pedido la nulidad del ERE los letrados del Comité de Empresa, y de las secciones sindicales de CCOO, UGT, LAB, ELA y CGT, porque «no concurren razones económicas» al tener la empresa beneficios.
Además, han advertido de que la empresa solapó el «sorpresivo» planteamiento de un despido colectivo con la negociación del nuevo convenio colectivo, con la «presión» que supone.
Han coincidido en que la medida, que contempla 123 despidos, ha sido precedida de una supuesta negociación en la que «no existe buena fe» por parte de la empresa, al entender que desde el principio perseguían este fin y disfrazaron de negociación lo que creen que fue una posición inamovible.
De hecho, han advertido de que la dirección preparó el terreno, sabedora de que iba a plantear un ERE y de que probablemente la noticia tendría una respuesta sindical en forma de huelga, por lo que acumuló un «stock» de producto en almacenes externos para poder seguir proveyendo a Volkswagen Nafarroa, uno de sus grandes clientes.
Además, realizó una «sobrecontratación» previa de más de 70 trabajadores eventuales, y que en el caso del despido de operarios mayores de 50 años han confirmado el criterio «economicista» al hacerlo por causas no imputables al trabajador.
Los sindicatos han aludido a la «vulneración del derecho a la libertad sindical» de la empresa al haber intentado «puentear» y no contar con las secciones sindicales, y han reiterado que los resultados del grupo TRW eran beneficiosos.
«Aquí no ha habido voluntad de negociar, solo había una salida. La cifra de 123 despidos no es fruto de negociación y no se le puede dar validez», han señalado.
Muy diferente ha sido la versión del letrado de TRW, totalmente disconforme con la demanda, que se ha mostrado «sorprendido con la sorpresa» que causó el despido colectivo porque «se veía venir», dadas las pérdidas de la planta navarra, que «no es competitiva» y es «sencillamente deficitaria», con más de 55 millones de euros de pérdidas acumuladas en los cinco últimos años.
Ha defendido que simultanear los procedimientos de negociación de convenio y planteamiento de despidos no tiene objeciones legales, ha negado que la empresa acumulara «ningún stock adicional» y ha asegurado que la empresa sí intentó negociar e hizo «importantes esfuerzos» por acercar posturas.
Ha negado que se obviara a las secciones sindicales en las negociaciones, y ha advertido de que la prensa recogió que la asamblea de trabajadores había aprobado la oferta del despido incentivado de 123 operarios, pese a que posteriormente los sindicatos lo negaron y dijeron que la aprobación se circunscribía a la oferta de nuevo convenio.
Sin embargo, sin la firma sindical, no se llegó a un acuerdo y la empresa planteó finalmente un ERE para 123 (la mitad de los que fijó al principio), ha dicho el letrado de TRW, quien ha advertido de que «la planta de Pamplona no es obsoleta, lo obsoleto son los productos que se fabrican» y que están llamados a desaparecer.
También ha defendido ante la sala que a pesar de todo lo criticado por los sindicatos, ni la autoridad laboral ni la Inspección de Trabajo han dirigido a la empresa «ninguna advertencia o reproche» sobre su actuación en este proceso.