El cuartripartito mantiene su intención de revertir la gestión de las cocinas hospitalarias

Las formaciones que integran el cuatripartito han puesto de relieve que mantienen su intención de revertir la gestión privada de las cocinas del Complejo Hospitalario de Nafarroa y Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra han asegurado que esperan que para 2017 esta cuestión esté solventada. Sobre esta cuestión informará el consejero de Salud en comisión parlamentaria a propuesta de EH Bildu

Además esta cuestión será objeto de una pregunta de máxima actualidad en el próximo pleno, en el que I-E cuestionará al consejero sobre el calendario previsto para la reversión a la gestión pública de las cocinas del Complejo Hospitalario.

Al respecto, el portavoz de I-E, Jose Miguel Nuin, ha insistido en que existe un «compromiso firme para que esa reversión se produzca», y aunque en 2016 por dificultades presupuestarias no ha podido ser, esperan que en 2017 esta cuestión esté «solventada».

En relación con esta cuestión, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha precisado que no se ha prorrogado el contrato con Mediterránea de Catering, sino que esta empresa va a seguir con su labor porque si no, la alternativa era cerrar las cocinas. Pero el objetivo es «clarísimo: a lo largo de 2017 se hará realidad la reversión parcial de las cocinas del hospital».

Por su parte el parlamentario de Podemos Carlos Couso ha incidido en la necesidad de revertir la gestión.

EH Bildu había pedido recientemente que se den pasos para revertir la gestión privada de las cocinas hospitalarias cuando solicitó la comparecencia de Domínguez.

La comparecencia de Domínguez ha sido acordada en una sesión de la Mesa y Junta de Portavoces en la que se ha dado el visto bueno a la comparecencia del vicepresidente económico, Manu Ayerdi, para que informe, también a propuesta de EH Bildu, sobre el proceso de adjudicación llevado a cabo para la contratación de un informe sobre la posibilidad de creación de una institución financiera pública.

El portavoz de este grupo, Adolfo Araiz, ha opinado que la empresa adjudicataria, AFI, tiene «lastrada su legitimidad» para hablar sobre esta cuestión, ya que jugó un papel importante en la fusión de Banca Cívica.

Sobre esta cuestión preguntará en el próximo pleno Podemos, según Couso, quien ha considerado que esa empresa no es la «más adecuada», por lo que ha dicho que van a proponer que la actual concesión se retire, se declare el concurso desierto y se estudie la manera de ver cómo se pueden obtener los datos de manera más objetiva.

Entre las solicitudes de comparecencia admitidas, figura la de la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local para que explique las líneas de actuaciones de su departamento a raíz de los ceses y nombramientos anunciados el 28 de septiembre, a petición del PP.

Entre los acuerdos adoptados por los portavoces parlamentarios figura también la tramitación del proyecto de ley foral regulador del Plan de Inversiones Locales 2017-2019.

Para UPN ese plan significa un «recorte a los pueblos en infraestructuras necesarias e indispensables que garantizan la calidad de vida», mientras que Podemos considera que va «a reducir desequilibrios».

Asimismo se ha tramitado una interpelación del PSN sobre la política general que en materia de atención a la diversidad desarrolla el departamento de Educación y una visita al acuartelamiento de Bardenas a petición de UPN, PSN y PP.

La Junta ha acordado solicitar un informe jurídico sobre la obligatoriedad por parte del departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales de proporcionar el expediente SAN 00064/16 incoado a Euskal Irrati Telebista, a petición de UPN, y otro informe, a propuesta del PP, sobre la adecuación al reglamento de la interposición de un recurso contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento en el que se votó en contra de la colocación de la bandera de la Unión Europea.

Además la Mesa y la Junta se han dado por enteradas de un informe que concluye que la denegación de aportación de determinados datos personales incluidos en la información solicitada por Carlos Couso (Podemos) «no se encuentra suficientemente fundada en derecho».

Añade que facilitaría la tarea de la Administración que el parlamentario «justificase mínimamente la necesidad de su aportación para el debido ejercicio de la función de control sobre este concreto segmento de la actuación pública» y concluye que en cualquier caso se «debe guardar secreto sobre los datos personales, en su caso, cedidos y acerca de su afectación exclusiva al ejercicio de la función de control parlamentario».