Pallín, Lasagabaster e Iruin remarcan las trampas legales contra los presos
Las jornadas convocadas por Sare en Gasteiz con la colaboración del Ayuntamiento han comenzado hoy con un debate jurídico sobre la cuestión de los presos vascos. El magistrado del Supremo Martín Pallín, el catedrático Lasagabaster y el abogado Iruin han desgranado las trampas legales para no descontar condenas o mantener la dispersión.
Sare celebra unas jornadas sobre paz y convivencia en Gasteiz con un plantel de intervinientes muy potente. Hoy lunes ha sido el turno de los juristas, mañana será el de víctimas de las dos bandos y el miércoles se escuchará a representantes políticos. La primera mesa redonda ha reunido a José Antonio Martín Pallín, catedrático emérito del Tribunal Supremo; Iñaki Lasagabaster, catedrático de Derecho; e Iñigo Iruin, abogado y experto en el tema.
El veterano Martín Pallín se ha centrado en la negativa española a descontar condenas cumplidas en otros estados. Ha puesto de manifiesto incongruencias como que Madrid acepte sin dudas las penas dictadas en Tailandia o Andorra y cuestione las del Estado francés, o que las directivas europeas sobre cuestiones económicas sean acatadas sin problema alguno y en cambio las penales deban ser trasladadas a su legislación específicamente. Como es sabido, el PP lo ha hecho vaciando de contenido la directriz europea, lo que supone impedir la excarcelación ya de siete presos vascos y reducciones importantes (seis-ocho años) a las condenas de otras decenas de encarcelados.
A Iñaki Lasagabaster le ha correspondido analizar la dispersión, y ha recordado que hay tres sentencias del Tribunal de Estrasburgo que son claras contra el alejamiento de las personas presas respecto a sus entornos. Sin embargo, los tribunales españoles hacen oídos sordos. Es más, ha citado un auto de la Audiencia Nacional que afirma que atentaría a la dignidad de las víctimas que un preso esté en un centro penitenciario cercano: «Pero, ¿qué barbaridad es esta?», se ha preguntado el catedrático.
Iñigo Iruin ha abordado la política penitenciaria de excepción, incidiendo en su conocida tesis que apunta a la ley 7/2003 como clave de bóveda. De ahí se llega a un ejemplo muy reciente que resume el escándalo de todo el sistema. Se trata de un preso vasco que está en primer grado desde 2002, cuando fue encarcelado, ha cumplido las tres cuartas partes de la condena, no tiene delitos de sangre y ha solicitado el paso a segundo grado dado que sufre una grave enfermedad. «La Junta de Tratamiento de la cárcel informó favorablemente por mayoría. ¿Cuál ha sido la contestación de Instituciones Penitenciarias? Que no. Con este argumento: ‘el propio hecho de cursar esta petición es un nuevo servicio a la organización terrorista’». Según esa tesis, si el preso no pide el cambio de grado sirve a ETA, y si lo pide, también: «Hay una lógica perversa en ello, y además inhumana», ha subrayado Iruin.