EH Bildu estima que Bilbo deja de ingresar un millón de euros por beneficios fiscales de la Iglesia

EH Bildu ha afirmado este jueves, durante la sesión plenaria en el Consistorio de Bilbo, que los «escandalosos beneficios fiscales» de los que disfruta la Iglesia católica suponen para el Ayuntamiento dejar de ingresar al año «más de un millón de euros» en concepto de IBI y otros impuestos, mientras que el equipo de Gobierno local ha dicho que se «ajustará a la legalidad» en su relación con las confesiones religiosas.

Desde EH Bildu, Izaskun Guarrotxena ha denunciado que los «escandalosos beneficios fiscales» que disfruta la Iglesia católica supone dejar de ingresar en las arcas municipales «más de un millón de euros» en concepto de IBI y otros impuestos, cantidad que «se podría invertir en algo más solidario, como puede ser acción social».

Según las estimaciones de la coalición soberanista, en base al valor catastral, lo que deja de ingresar el Ayuntamiento en concepto de IBI sumaría «unos 843.000 euros», a lo que se añadiría lo que no se recauda en base a otros impuestos municipales como alcantarillado y basuras.

En la sesión ordinaria de este jueves, se ha aprobado una enmienda de modificación del PNV, en la que se acordó que el Ayuntamiento de Bilbo «aplicará el marco legal y normativo vigente en cada momento, en materia de relación entre las administraciones públicas y las confesiones religiosas».

Con la aprobación de esta enmienda de modificación del PNV, ha decaído la proposición de Goazen Bilbao en la que se pedía «abordar diversos cambios en materia de fiscalidad relacionados con las confesiones religiosas», así como a realizar un informe sobre los beneficios fiscales contemplados para las confesiones religiosas en la ciudadanía.

Asimismo, ha decaído una enmienda del PSE en la que se solicitaba «realizar un censo municipal de los inmuebles rústicos y urbanos registrados a nombre de la iglesia católica y de otras confesiones religiosas, con el objeto de proceder a la actualización posterior del Padrón de Bienes Inmuebles para poder así girar el IBI a todos aquellos bienes inmuebles cuyo destino no esté vinculado al culto».

Desde Udalberri, Carmen Muñoz ha considerado «lógico que ninguna institución religiosa pueda tener privilegio alguno en un estado laico», y un «primer paso para ello puede ser, en un ejercicio de transparencia por parte del Ayuntamiento, un análisis de esos beneficios fiscales y un informe jurídico sobre esos impuestos y las posibilidades reales de su cuantificación y posterior recaudación».

Beatriz Marcos, del PP, ha señalado que «lo que realmente se pide es que la Iglesia católica debe dejar de tener el privilegio en la exención de los impuestos municipales», pero «lo que unos llaman privilegios de la iglesia católica, son beneficios otorgados en sus condición de institución declarada de utilidad pública, al igual que muchas otras».

«Legalidad»

La concejal de Hacienda, Marta Ajuria, ha explicado que «los beneficios fiscales en los tributos locales para las confesiones religiosas están regulados en la normativa foral como normativa de superior rango», y, en concreto, «en el acuerdo entre el Estado español y la santa Sede» y en la norma foral del impuesto del IBI y de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de Mecenazgo.

Tras recordar que la potestad normativa fiscal de los ayuntamientos es «secundaria y sometida al marco establecido por las normas forales», y de «rango superior», Ajuria ha dicho que «por muchos estudios jurídicos que haga este ayuntamiento, la legislación y normativa vigente establece beneficios para los tributos locales y, concretamente, a las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública cuyo régimen es de aplicación también a la Iglesia católica».

«Nosotros, lo que tenemos que hacer es ajustarnos a la legalidad como lo hemos hecho hasta ahora», ha manifestado, para señalar que la petición a instar al Estado español a modificar la ley de Mecenazgo que permite a las confesiones religiosas no pagar impuestos municipales «excede del ámbito local, y, en todo caso, sería la Diputación foral la institución competente» para plantear esta cuestión.