El Gobierno navarro trabaja contra el recurso al Decreto de Salud Sexual y Reproductiva

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha anunciado que los equipos jurídicos ya se encuentran trabajando para que se desestime el recurso interpuesto por parte de la Abogacía del Estado contra el Decreto Foral de Salud Sexual y Reproductiva, por ser «estéril» y «decepcionante».

El consejero respondía de esta manera a las parlamentarias de EH Bildu e Izquierda-Ezkerra Bakartxo Ruiz y Marisa de Simón, respectivamente, quienes habían planteado sendas preguntas acerca del recurso presentado por la Abogacía del Estado contra el Decreto Foral.

Domínguez ha explicado que la Abogacía presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa contra el artículo que recogía que las prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva se prestarían también a las personas en situación irregular, lo cual «afecta principalmente al colectivo de inmigrantes irregulares residentes en Navarra».

«Se ataca, una vez más, a los colectivos más desfavorecidos», ha lamentado el consejero, que ha realizado una triple valoración del recurso. De esta forma, ha considerado que desde el punto de vista jurídico es «estéril» por ser «absolutamente innecesario».

También lo ha calificado como «decepcionante» desde la perspectiva política, pues «se vuelve a atacar al régimen foral de Navarra y a sus competencias» y porque se presentó sin la habitual negociación previa.

En cuanto al aspecto sanitario, ha denunciado que «la idea de sanidad que tiene el Gobierno de España está en las antípodas» respecto a la idea que tiene el Gobierno navarro, quien busca «reducir las desigualdades en Salud».

Frente a esa visión, ha lamentado que el Ejecutivo español «quiere excluir al colectivo de inmigrantes irregulares» o prestarles asistencia a cambio de unos importes que no pueden afrontar.

«Confiamos en que la razón se imponga y por parte de la Abogacía no se formule efectivamente la demanda», ha manifestado.

Tanto Ruiz como De Simón han coincidido en calificar la situación como «gravísima», ya que se «vulnera la voluntad de la mayoría social» y se «discrimina a las personas en situación administrativa irregular».