La Fiscalía mantiene su petición de diez años de inhabilitación para Artur Mas
La Fiscalía ha mantenido su petición de diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y nueve para las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por «desobediencia y prevaricación», al seguir con la consulta del 9N tras su suspensión por el Tribunal Constitucional.
El fiscal Emilio Sánchez Ulled, en sus conclusiones en la cuarta y penúltima sesión del juicio, ha ratificado íntegramente sus conclusiones y las ha elevado a definitivas, con lo que sigue pidiendo además nueve años de inhabilitación para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau, en ambos casos por desobediencia grave cometido por autoridad pública como cooperadoras necesarias y prevaricación administrativa.
El Ministerio Público considera que, si el tribunal optase por imponer por separado las penas de ambos delitos, las condenas totales deben ser de nueve años y seis meses para Mas, y de ocho años y siete meses tanto para Ortega como para Rigau, además de una multa.
El escrito de acusación del fiscal –previo al juicio y que ahora ha ratificado– acusa a Mas de articular «una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión» acordada por el TC con la colaboración de las otras dos acusadas.
«Eran plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento a las decisiones del TC», según el fiscal, que les acusa de aparentar que la gestión del 9N quedaba exclusivamente en manos de los voluntarios sin participación del Govern.
Acusación popular
Las conclusiones definitivas de la acusación popular, encabezada por el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía, renuncian a acusar a Mas, Ortega y Rigau de un delito de malversación y a pedir pena de prisión para ellos.
Su abogado, Antonio Alberca, ha puntualizado que toman esta decisión después de que el TSJC dejara fuera el delito de malversación al abrir juicio oral.
De este modo, la acusación popular –en la que también participan Manos Limpias, la Asociación Arca Ibérica y un particular– pide 10 años de inhabilitación por desobediencia grave y prevaricación administrativa para los tres acusados, al considerar que permitieron las actividades de preparación de la consulta y actos vinculados a ella y que no suspendieron los contratos para su celebración pese a la decisión del TC.
Las defensas piden la absolución
Las defensas de los tres procesados han mantenido que no desobedecieron al Tribunal Constitucional (TC) ni prevaricaron con la consulta del 9 de noviembre de 2014 y han vuelto a pedir la absolución de los tres acusados.
Los letrados Xavier Melero, Rafael Entrena y Jordi Pina mantienen así sus conclusiones y las elevan a definitivas una vez concluidas las comparecencias de testigos y las periciales.
La defensa de Mas insistió, en su escrito de calificación previo al juicio, en que el expresidente no desobedeció porque el Govern «interrumpió efectivamente la organización y gestión del llamado proceso participativo» a partir de la providencia del TC del 4 de noviembre de 2014, cinco días antes de celebrarse.
Añadió que no puede mezclarse el hecho de poner en manos de la ciudadanía medios públicos para llevar a un proceso participativo «enmarcado en una acción política completamente lícita y defendible en cualquier sociedad democrática» con el hecho de organizar un referéndum oficial desobedeciendo una resolución judicial.
La defensa de Ortega también sostuvo que su actuación fue legal porque las tareas organizativas fueron anteriores a la suspensión del TC y porque el día 9 «la ejecución de las votaciones» fue obra de los voluntarios.
La defensa de Rigau aseguró que en ningún momento, en las reuniones que mantuvieron desde la Conselleria de Enseñanza con directores de colegios, se les pidió que colaborasen como funcionarios públicos en la consulta tras el veto del TC, sino que todo se dejó en manos de voluntarios.
Testimonio de voluntarios
Antes de las conclusiones, cinco voluntarios que han comparecido como testigos han asegurado que en la jornada del 9N ningún funcionario o trabajador de la Generalitat controló la votación ni estuvo dando instrucciones.
Los cinco testigos, propuestos por la defensa de Ortega, han explicado que se hicieron voluntarios a través de la web www.participa2014.cat y que recibieron instrucciones sobre el punto de votación al que acudir y sobre su función a través de un correo electrónico remitido por esta web, pero que no tuvieron contacto con ningún responsable de la Generalitat.
Además, han asegurado que en los puntos de votación no había ningún cartel exterior ni indicación en el interior con el logotipo de la Generalitat; solamente los que indicaban el número de la mesa que hicieron ellos mismos a mano.