La Fiscalía pide dos años de cárcel para Mario Fernández, Mikel Cabieces y Rafael Alcorta
La Fiscalía mantiene la petición de dos años de cárcel por «administración desleal» o tres años por «apropiación indebida» para el expresidente de Kutxabank Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno español en la CAV Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta, al considerar que «hay pruebas suficientes para condenarles»
La Fiscalía ha mantenido la petición de dos y tres años de prisión para el expresidente de Kutxabank Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta, considerando que «hay pruebas suficientes para condenarles» por los delitos de «administración desleal» o tres años por «apropiación indebida».
Hoy concluye en la Audiencia Provincial de Bizkaia el juicio contra los tres procesados por los presuntos pagos irregulares por importe de 243.592 euros que realizó Kutxabank durante el mandato de su anterior presidente a Mikel Cabieces, a través de un incremento del contrato de iguala que la entidad tenía con el bufete de Rafael Alcorta.
Durante la lectura de sus conclusiones, que ha elevado a definitivas, el fiscal cree que los encausados actuaron «de común acuerdo» para causar «quebranto» a Kutxabank. A su juicio, se produjo una decisión de «beneficiar económicamente» a Cabieces en detrimento del patrimonio de la entidad financiera, que, independientemente de si los servicios del exdelegado del Gobierno español «se prestaron o no, siempre salía perdiendo».
El representante del ministerio público cree que «no hay ni un sólo rastro del trabajo de Cabieces en tres años». «No hay una sola prueba tangible», ha añadido. Tras la lectura de las conclusiones por las partes, el juicio quedará visto para sentencia.
«Este caso evidencia la existencia de las puertas giratorias»
Por su parte, la acusación particular se ha adherido a las conclusiones del ministerio público, aunque subsidiariamente mantiene que se condene a tres años y medio de cárcel al exdelegado del Ejecutivo español y a Alcorta, y a dos años y tres meses de prisión a Fernández. La abogada Jone Goirizelaia ha afirmado ante el tribunal que este caso «evidencia la existencia de las puertas giratorias», ya que Fernández ha reconocido que intervino para posibilitar unos pagos mensuales a Cabieces después de haber recibido la llamada de líderes de partidos políticos.
«La trama para permitir esos pagos la ideó Fernández», y dentro del banco y el propio Alcorta «se limitaron a cumplir sus ordenes», que se reflejaron en el documento firmado por Mario Fernández y Cabieces en febrero de 2012, ha señalado la abogada, quien ha recordado que todo lo recogido en el mismo se fue produciendo «de manera correlativa» y se pagaron exactamente las cantidades que marcaba.
Actuación «beneficiosa» para Kutxabank
El abogado del expresidente de Kutxabank Mario Fernández ha pedido la absolución de su cliente y en la lectura de sus conclusiones ha asegurado que «aquí no están todos los que son, ni son ninguno de los que están».
El letrado Carlos Bueren ha asegurado ante el tribunal que Fernández «no solo no causó perjuicio económico alguno a Kutxabank», sino que su actuación fue «beneficiosa» para los intereses de la entidad.
Bueren ha recordado que su defendido devolvió al banco los 240.000 euros y que en ningún momento del procedimiento el banco se personó como acusación particular o perjudicado, y ha asegurado que Fernández «no solo generó beneficios como resultado de su gestión, sino también como consecuencia de su sacrificio económico personal».
Según la defensa, Fernández ordenó que no se debía pagar a Cabieces sin prestar servicio alguno, y nadie en Kutxabank comprobó si el exdelegado del Gobierno español trabajaba realmente o no en el bufete de Rafael Alcorta, también acusado, para justificar los pagos que recibía.
«La llegada de Cabieces al bufete en 2012 fue una imposición de la entidad»
Por su parte, el abogado Javier Beramendi, representante legal de Alcorta, ha explicado que su defendido «tuvo que aceptar la orden de Kutxabank» de que el exdelegado del Gobierno español empezara a cobrar todos los meses de su despacho como colaborador y «no pudo oponerse a ello porque tenía contrato de iguala con la entidad».
Según ha afirmado, la llegada de Cabieces al bufete en 2012 «fue una imposición de la entidad», que fijó también honorarios que se iban a pagar incrementando las facturas de la iguala durante tres años, la duración y otros detalles de esa colaboración. Ha indicado que, «si dentro de la entidad hubo ocultamiento o no se respetaron las normas y si se ha perjudicado a la entidad, Rafael Alcorta no podía saberlo», si bien en esos tres años «Mikel Cabieces trabajó» en ese despacho, aunque no pudo firmar informes jurídicos ni acudir a juicios porque el propio banco había exigido que su labor no se visibilizara públicamente.
«Cabieces estaba perfectamente capacitado»
Jesús Urraza, letrado de la defensa de Cabieces, ha iniciado su informe asegurando que «detrás de este procedimiento sin sentido hay conceptos que nada tienen que ver con lo jurídico» ya que, si el colaborador al que pagó Kutxabank no hubiera sido un político de la relevancia pública de su patrocinado, el proceso «no hubiera llegado a este punto».
Ha asegurado que el ex delegado del Gobierno estaba perfectamente capacitado profesionalmente para asumir esa colaboración en materia laboral la asesoría de Alcorta, como así lo hizo, si bien su trabajo no tuvo visibilidad pública porque así no había ordenado Kutxabank. Urraza ha tratado de restar credibilidad al testimonio del auditor de la entidad que aseguró que Cabieces recibió hasta 240.500 euros del banco, sin que éste recibiera a cambio una contraprestación de servicios.