«Mientras no haya devolución, los obispos deberían mantener todo lo inmatriculado»

Ahora se cumplen diez años desde que Jose Mari Esparza descubrió que la jerarquía de la Iglesia católica había inmatriculado todo tipo de edificios religiosos y otros bienes del patrimonio navarro. Desde el primer momento dijo que era un «escándalo monumental». El tiempo le ha dado la razón, y también el Tribunal de Estrasburgo, que ha condenado al Estado español por permitir una inmatriculación.

Desde 1998 la diócesis navarra ha inmatriculado más de un millar de bienes al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Lo hizo en secreto, sin informar a nadie, y pasó desapercibido hasta que Jose Mari Esparza lo descubrió hace una década.

¿Cómo recuerda aquel descubrimiento?

Como el que descubre la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones. Andaba husmeando archivos y me topé con que todo el patrimonio histórico de Navarra, y de todo el Estado, se había inmatriculado de la noche a la mañana, sin notoriedad pública, «a cencerros tapados». O sea, diciendo el obispo «esto es mío porque lo digo yo» y pagando 30 euros por quedarse la catedral de Iruñea o la fortaleza de Ujué, amén de tierras, casas, huertas... Ha sido la mayor usurpación de bienes de toda nuestra historia, al amparo de una ley franquista descaradamente inconstitucional. Un escándalo de corrupción inmensurable. Nos tocó lanzar la primera pedrada. Ahora todo el mundo, hasta Europa, nos da la razón.

¿Qué balance hace del trabajo de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro desde que se destapó el escándalo?

La Plataforma, apoyada por más de 200 ayuntamientos y concejos, ha sido y es la clave. Primero hubo que socializar el tema, convencer a la prensa, a los partidos y parlamentos. Hemos dado cientos de charlas y entrevistas por todo el Estado y editado dos libros, el último con la colaboración de las organizaciones cristianas de base, que no ven mensaje evangélico alguno en esa rapacidad inmobiliaria. Al final, ha sido tan patente el escándalo que el mismo Gobierno del PP ha tenido que derogar su propia ley. Los obispos ya no podrán arramplar como antes. Pero no plantearon la devolución de lo irregularmente inmatriculado, otorgando, de facto, una amnistía registral.

Las iglesias de los pueblos se van quedando sin fieles, los curas se «importan» de otros países... ¿Cree que fue esta situación la que llevó a la jerarquía católica a realizar las inmatriculaciones?

Puede ser. Y a la inversa, esa demostración pública de codicia ha hecho que muchos vecinos ya no vean a la Iglesia como parte de su mundo. Pero eso importa menos a los obispos: lo fundamental es la pasta. Desde el inicio dijimos que la jerarquía eclesiástica inmatriculaba para vender, alquilar, cobrar entrada, hipotecar y ejercer el dominio. Y eso es lo que está ocurriendo. Sólo este año hemos detectado la venta a particulares de las iglesias de Ilarraz, Eskirotz, Lizoain y Zorokiain; la casa parroquial de Gorronz, amén de otros bienes. Se ha desahuciado a una anciana que llevaba toda su vida en una casa, si atender a la apelación del propio juez a la «caridad» hacia ella; hemos visto el descaro de los saraos vip en el claustro de la catedral... Y si no hacen más es porque saben que en todo Navarra hay mucho ángel de la guarda vigilando el patrimonio y denunciando la simonía, pero es incalculable el número de bienes que ya estarán en manos de terceros.

¿Cómo valora que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se haya desarrollado mucho más tarde que en Nafarroa el movimiento contra las inmatriculaciones de bienes patrimoniales?

Todavía no salgo de mi asombro al ver la falta de atención que todos los partidos de la CAV, y digo todos, han dado a este tema. Es cierto que ha sido la segunda comunidad autónoma en conseguir el listado de lo inmatriculado, pero apenas ha habido reacción social: en Gipuzkoa hay 368 inmatriculaciones, entre ellas 21 cementerios. Sólo Eskoriatza tiene 43 inmatriculaciones; 21 Oñati, 20 Arrasate, 19 Bergara... En esto, muchos hermanos vascongados andan en el limbo. Esperemos que vengan pronto de allí.

¿Ese afán lucrativo de la Iglesia se le está volviendo en contra?

El arzobispado hizo una ecuación diabólica que le salió mal: «Yo me hago propietario de miles de bienes a coste cero + vosotros lo seguís arreglando + yo no pago ningún impuesto + vosotros pagáis por entrar + yo puedo vender y alquilar + vuestros fondos públicos me los mantienen = yo hago el negocio del siglo». Esa ecuación ha fallado porque la gente sabía que, creyentes o no, todos tenían que mantener esos bienes, y ahora muchos se niegan a ello. Y desde el Parlamento navarro se ha decidido priorizar las ayudas a los bienes que sean públicos. Y como la Iglesia ni puede ni quiere mantenerlo, resulta que, lejos de estar más protegido con la inmatriculación, como decían, está más en peligro que nunca.

Desde Nafarroa se ha extendido a gran parte del Estado el rechazo a las inmatriculaciones. ¿Esperaba que se alcanzase semejante respuesta?

Ha costado convencer a la gente de que no era cosa de los navarros, sino de todo el Estado. Cuando se dieron cuenta de que la Mezquita de Córdoba la habían inmatriculado por 30 monedas, el escándalo se internacionalizó, al tratarse de un Patrimonio de la Humanidad. Eso ayudó a divulgar el escándalo. Hemos andado montando plataformas ciudadanas y en octubre del pasado año creamos en Iruñea “Recuperando”, una coordinadora estatal que suma más de 20 grupos de todo tipo, desde Europa Laica hasta grupos cristianos. Recientemente hemos estado en el Congreso, tenemos acceso a la prensa estatal, llegamos a los parlamentos autonómicos... Como diría San Mateo, la mies es mucha y los obreros pocos, pero cada vez hay más conversiones y a estas alturas, si nos quieren hacer callar, hablarán hasta las piedras.

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado al Estado español a pagar 600.000 euros por una inmatriculación. ¿Qué importancia tiene esta sentencia?

La sentencia es demoledora: el Gobierno permitió esa inmatriculación con una ley inadmisible en Europa, y se le ha condenado a pagar al propietario una cifra sin precedentes. Al final, se da la paradoja de que la Iglesia se queda con el edificio usurpado y entre todos tenemos que indemnizar al propietario. El problema es que si todos los bienes fueron inmatriculados igual, ¿supone eso que cada pueblo debe pleitear individualmente hasta Europa y que luego el Estado pague las indemnizaciones? Es algo absurdo. Imposible para miles de pequeños pueblos y aldeas. Todo el mundo reconoce que se hizo mal, que se obró de mala fe, que los pueblos no se enteraron, que la ley era inconstitucional y por eso se eliminó. Por último, lo corrobora una sentencia de Estrasburgo. La solución no es otra que la devolución de los bienes, y si la Iglesia desea inmatricular lo que considera suyo, que lo haga como todo dios, sin ventajismo.

Sin embargo, el Gobierno del PP sigue avalando las inmatriculaciones. ¿Qué interés tiene en este asunto?

Lo más increíble es que oculten los datos. En Euskal Herria los conocemos, pero en el Estado el PP sigue negando la información, sabedor de que con ella llega el escándalo. El día que se sepan las cifras, la gente va a alucinar. Lo curioso es que nadie, ni siquiera el PP, ha salido públicamente defendiendo lo ocurrido. Pero lobo no come lobo. Simplemente, miran a otro lado y admiten los hechos consumados. Postura aún más ambigua tiene el PSOE, que dice unas cosas en las comunidades y luego en el Congreso se negó a prestar los 50 diputados que hacían falta para plantear la inconstitucionalidad de la ley. Ni frío ni caliente. ¡Ay de los tibios!, advierte la Biblia.

¿Qué consecuencias puede tener esa sentencia?

Ya las está teniendo. En el Congreso español, la plataforma “Recuperando” ha presentado una petición para que se restaure la legalidad conculcada. Todos los grupos, salvo el PP, dicen estar de acuerdo. Veremos en qué queda. Además, la sentencia marca jurisprudencia y hará mover el culo a la judicatura española. Pero sobre todo ha supuesto una bendición a la lucha de los pueblos y una admonición a los obispos, a quienes la laica Europa ha recordado que no hay que robar ni codiciar los bienes ajenos.

¿Qué estrategia va a seguir ahora la Plataforma de Defensa del Patrimonio?

Insistir en la demanda todos juntos, seamos creyentes o no. En Europa, en Madrid, en los parlamentos, en cada pueblo o barrio. Exigiremos que, mientras no haya devolución, los obispos mantengan y arreglen lo inmatriculado. Algo que, si no hacen milagros, será imposible. Solo desde lo público podremos conservar nuestro patrimonio. Por eso, cada ayuda económica debe estar condicionada a que tornen a ser bienes públicos. Y todos saldremos ganando: los pueblos recuperarán sus bienes; los creyentes, como en Iparralde, tendrán para sus cultos unas iglesias y ermitas bien cuidadas, y los obispos podrán entrar en el reino de los cielos, limpios de pecados.