El relator de la ONU sobre la tortura insta a Suiza a no extraditar a Nekane Txapartegi
El relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, ha instado a Suiza a anular su decisión de extraditar al Estado español a Nekane Txapartegi.
El experto independiente ha señalado que si la decisión de extradición de Suiza es confirmada por el tribunal penal federal del país, la entrega se efectuaría como consecuencia de «una condena penal basada en confesiones extraídas bajo la tortura».
«Suiza debe respetar la prohibición absoluta de la tortura al rechazar toda solicitud de extradición basada en una condena penal comprometida por actos de tortura», ha recalcado Melzer.
Meltzer recuerda que fue arrestada en 1999 por agentes de la Guardia Civil en Tolosa y mantenida «incomunicada» durante cinco días en una comisaría de Madrid. «Según las informaciones que he recibido, en el transcurso de las primeras 120 horas de su detención, la señora Txapartegi fue sometida a actos de tortura, incluidas violaciones y tocamientos, golpes, asfixia, cargas eléctricas, privación del sueño y una simulación de ejecución».
Fue condenada en diciembre de 2007 a once años de cárcel por «integración en ETA», pena que le fue reducida en 2009 por el Tribunal Supremo a 6 años y 9 meses por entender que el delito era de «colaboración». En febrero de este año se le rebajó de nuevo en aplicación del nuevo artículo del Código Penal a tres años y medio de prisión.
Según el experto independiente de la ONU, «existen múltiples y graves elementos que indican que la declaración incriminatoria ha servido de base para la condena penal de la señora Txapartegi y para la solicitud de extradición».
Nekane Txapartegi, que vivía desde 2009 en Suiza, fue detenida el 6 de abril de 2016 en Zúrich. La Oficina federal de Justicia de Suiza decidió a finales de marzo autorizar su extradición, y poco después la Secretaría de Migración rechazó la solicitud de asilo.
Ambos organismos sostienen que la vecina de Asteasu «no ha podido sustentar de manera creíble que fue torturada en España ni que las autoridades españolas no habían examinado de forma seria estas alegaciones» y argumentan que no llevó sus denuncias a la máxima instancia judicial española ni al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.