La Generalitat de Catalunya publica la licitación para comprar 8.000 urnas
La Generalitat ha licitado por 200.000 euros el suministro de urnas para «las elecciones al Parlamento de Catalunya, consultas populares y otras formas de participación ciudadana», según publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
En un anuncio firmado por Francesc Esteve Balagué, secretario general del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, se licitan dos lotes, el primero de «urnas electorales transparentes» y el segundo de «urnas de cartón» por valor estimado de 184.000 y de 16.000 euros, respectivamente, lo que suma un importe total de 200.000 euros.
El plazo de presentación de las ofertas es de quince días contando desde la publicación del anuncio de licitación y el lugar para presentarlas, el Registro general del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, situado en el número 26 de la Via Laietana de Barcelona.
Será la primera vez que la Generalitat dispone de urnas propias y la licitación se presenta según el acuerdo marco alcanzado para suministrar «urnas en las elecciones al Parlament de Catalunya, consultas populares y otras formas de participación ciudadana», según el documento.
La licitación llega después de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el resto de miembros del Govern firmaran un manifiesto en el que se comprometían a «organizar, convocar y celebrar» un referéndum sobre la independencia de Catalunya.
Por su parte, el pasado viernes el Gobierno español advirtió de la intervención de la Fiscalía en el momento en el que la Generalitat lanzara la licitación para adquirir urnas destinadas al referéndum independentista.
El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, avisó de que si la Generalitat oficializaba la compra de urnas «sin duda alguna, la Fiscalía intervendrá», antes de hacer hincapié en que, en un reciente auto, el Tribunal Constitucional advirtió de que cualquier referéndum soberanista es ilegal y que esa ilegalidad vinculaba a dirigentes políticos, funcionarios y empresas.