Iruñea exige a Indra la devolución de 165.107 euros por trabajos no realizados
El Ayuntamiento de Iruñea ha encontrado un agujero en las cuentas públicas correspondiente al Área de Seguridad Ciudadana gracias a un chivatazo anónimo. La empresa Indra, vinculada a la trama Lezo, habría cobrado indebidamente 165.107 euros por trabajos que no realizó. De ellos, 12.799 se justificaron con facturas aparentemente falsas.
La empresa armamentística Indra Sistemas S.A. habría cobrado más de 160.000 euros de forma indebida por trabajos que nunca realizó para el Ayuntamiento de Iruñea, llegando a recurrir incluso a facturación falsa para hacerse con el dinero. Así se desprende de un informe jurídico del abogado del Ayuntamiento, Víctor Sarasa, a raíz de una investigación que se inició gracias a un soplo anónimo que hablaba de un fraude aún mayor.
El escándalo recae sobre un contrato firmado entre el Ayuntamiento e Indra en el año 2011 «para el mantenimiento de las instalaciones de regulación del tráfico de la ciudad». En líneas generales, la empresa quedaba al cargo de mejorar y conservar los semáforos, radares y otros elementos tecnológicos relacionados con la seguridad vial. Indra se hizo con este concurso público gracias a que se comprometía a acometer una serie de «mejoras técnicas». Debido a esta promesa, Indra obtuvo la mejor puntuación en el apartado técnico y se quedó con la contrata para el año 2012. Esta concesión se prorrogó también para los años 2013 y 2014. Sumando estos tres años, le permitió facturar casi 2,5 millones de euros al Consistorio.
No obstante, varias de estas mejoras técnicas no se llevaron a cabo. En concreto, se trata de las mejoras descritas en los números 2, 3, 7 y 13 de la oferta presentada. En total, este incumplimiento permitió a Indra cobrar 152.308,6 euros de más. Es decir, el incumplimiento de su promesa de mejoras constituye el grueso de la actual reclamación.
Sin embargo, los otros 12.799 euros restantes suponen un escándalo mayor, ya que al parecer Indra emitió facturas en las que aseguraba haber acometido los trabajos, cuando todo era absolutamente falso.
El concejal responsable de Seguridad Ciudadana, Aritz Romeo, ha abierto un expediente para «reclamar los posibles incumplimientos así como depurar las posibles responsabilidades». Romeo da un plazo de diez días a Indra para que presente sus explicaciones por los incumplimientos y las facturas.
La sede de la empresa Indra fue registrada por la Guardia Civil dentro de la «Operación Lezo», ya que se sospecha que pagó más de 700.000 euros al PP para financiar campañas electorales. Cabe recordar que UPN y PP comparten gastos electorales en las elecciones a Congreso y Senado, a las que acuden en coalición. Por otro lado, es cierto también que la investigación está centrada en el pago de donaciones ilegales al PP de Madrid para los comicios autonómicos.
El informe jurídico del letrado municipal también menciona dejación por parte del Consistorio. De este modo, subraya que «en ningún momento, el Ayuntamiento de Pamplona recurrió o instó a la empresa para ejecutar estas mejoras en un tiempo o momento indeterminado».
Es decir, no hubo supervisión alguna por parte de los responsables del área de Seguridad Ciudadana sobre estos incumplimientos. O peor, si la hubo, se permitió a Indra cobrar de más sin cumplir lo pactado.
Posible alteración contractual
El informe del abogado municipal se apoya en otro realizado por un técnico del área que va más allá a la hora de explicar lo sucedido. «Las mejoras ofertadas y no realizadas, inicialmente, no se realizan por ausencia de iniciativa de la empresa adjudicataria, sino por falta de propuesta del Ayuntamiento para su explotación o por no considerarlas necesarias», sostiene este técnico.
El letrado explica que, si en algún momento alguien decidió «alterar las condiciones del contrato», esta modificación debió ejecutarse en virtud de la Ley Foral de Contratos Públicos. Porque es de pura lógica que si se libera de parte del trabajo al adjudicatario y se le paga lo mismo, «en la práctica esto se traduce en un enriquecimiento ilícito del contratista», tal y como subraya el letrado del Ayuntamiento. De hecho, el contrato de 2011 recoge que, si un trabajo no se hace, no se paga.
El informe jurídico no detalla cuándo se pudo producir esta modificación aparentemente ilegal del contrato con Indra, aunque por las fechas pudiera corresponder tanto al concejal Ignacio Polo como a su sucesor, Gabriel Viedma, que sigue hoy como concejal de UPN.
Hasta donde ha podido saber este medio de comunicación, además de la reclamación de esta cantidad pagada indebidamente, se ha iniciado una investigación interna para depurar responsabilidades. Asimismo, se están revisando contratos análogos a este por si aparecieran nuevas irregularidades.