La denuncia del caso de Iparragirre se extiende desde Ondarroa a Argentina
La sensibilización ante la situación del preso enfermo Ibon Iparragirre crece aquí y allá. El ejemplo más cercano es la decisión unánime del Ayuntamiento de Ondarroa de reclamar su libertad. El más internacional, la denuncia del Encuentro de Profesionales contra la Tortura.
En la localidad de Ibon Iparragirre, los votos de los concejales de los dos grupos municipales (EH Bildu, que ostenta la Alcaldía, y PNV) se sumaron en el último Pleno municipal para emplazar desde el Consistorio a las instituciones vascas para que presionen por la libertad de su convecino enfermo.
En el mismo texto el Ayuntamiento de Ondarroa se compromete a tramitar una petición de visita a Ibon Iparagirre para expresarle su solidaridad, y también a reclamar una reunión urgente al titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, iniciativa que se propone realizar conjuntamente con los primeros ediles de otros municipios vascos con presos enfermos.
También en Euskal Herria, la comisión de presos y presas políticas de Sortu denuncia que «la vida de Ibon Iparragirre corre verdadero riesgo» y augura que si es enviado a prisión «nuevamente escucharemos la noticia de que lo vuelven a ingresar en un hospital». Pide en primer lugar que sea traído al Hospital de Galdakao, cerca de sus familiares «para que sus necesidades emocionales y sanitarias sean atendidas adecuadamente», y en segundo lugar su puesta en libertad «para que su enfermedad sea paliada de la manera más adecuada posible». Recuerda por último la marcha convocada este domingo a las 12.30 desde la Plaza Moyua de Bilbo.
«Pena de muerte»
Por su parte, el Encuentro de Profesionales contra la Tortura con sede en Argentina y que se está destacando en la denuncia internacional de este caso ha hecho público un contundente escrito en el que repasa los últimos episodios del caso y señala la actuación tanto de la médico del Gregorio Marañón de Madrid como del subdirector médico de la cárcel de Alcalá-Meco como «falta ética gravísima».
La médica Susana B. Etchegoyen, en representación de este colectivo, manifiesta que «hemos evaluado la situación de Ibon Iparragirre Burgoa detenidamente y consideramos que resulta imprescindible que el paciente pueda acceder a la prisión domiciliaria. Negarle este derecho constituye trato cruel».
«Podemos afirmar que los médicos intervinientes han elaborado sus recomendaciones obedeciendo la instrucción dada en la circular 1-3-2017, que impone la negación de prisión domiciliaria a los presos políticos gravemente enfermos a menos que agonicen, transformando cualquier condena cuando un preso enferma gravemente en pena de muerte», añade en referencia a la polémica directriz interna de Instituciones Penitenciarias.