El Ararteko alerta de que un porcentaje de personas excluidas no accede a prestaciones

El Ararteko, Manuel Lezertua, ha afirmado este lunes que el actual Sistema Vasco de Garantía de Ingresos presenta insuficiencias que hacen que un «porcentaje significativo» de personas en situación de exclusión social no puedan acceder a las prestaciones porque no cumplen los requisitos o bien porque con la interpretación que hace la Administración de estos requisitos «se les deniega o no se les renueva».

Lezertua ha comparecido, a petición de Elkarrekin Podemos, ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud del Parlamento de Gasteiz para presentar el informe-diagnóstico que ha elaborado su institución sobre la gestión de las prestaciones de RGI y PCV por Lanbide entre los años 2013-2016, con cierre en febrero del 2017.

Tras recordar que su antecesor en el cargo elaboró otro informe-diagnóstico que analizaba el periodo 2011-2013, ha señalado que en estos años, se han ido produciendo «mejoras evidentes», por ejemplo en el registro de documentación, en la motivación o en los plazos de reconocimiento de la solicitud, «aunque hay todavía un camino por andar».

Asimismo, ha traslado a los grupos parlamentarios su preocupación por el incremento de quejas de Lanbide denunciando que se ha interrumpido el abono de la prestación de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) «sin que con anterioridad se procediera al trámite de audiencia previo e incluso sin una resolución administrativa».

El Ararteko ha precisado que su informe analiza las cuestiones derivadas de la tramitación de los expedientes de queja pero no supone un «análisis global» del Sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social en su conjunto.

En este sentido, ha destacado la importancia del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos «en la prevención de la exclusión y en evitar la pobreza» señalando que los estudios destacan que la RGI, PCV y Ayudas de Emergencia Social (AES) «tienen un impacto positivo al prevenir el incremento de las situaciones más graves de pobreza y contribuir a mitigar los efectos de los procesos sociales y económicos asociados a la crisis de empleo».

Según ha explicado, la encuesta pone de manifiesto «algunos límites del sistema» como la existencia de un «porcentaje significativo de población en riesgo que no consigue tener acceso a las prestaciones».

Por ello, ha insistido en que una de las «insuficiencias» del sistema es que «hay personas en situación de exclusión social que no pueden acceder al mismo porque no cumplen los requisitos o bien porque debido a la interpretación de los requisitos que deben reunir y de las obligaciones que se deben cumplir se les deniega o no se les renueva, o bien se les suspenden o extinguen las prestaciones».

«Muchas de las quejas que el Ararteko tramita y analiza tienen que ver con esta disconformidad en la interpretación de la normativa», ha insistido.

Atención a la ciudadanía

Respecto a los problemas detectados en la gestión de las prestaciones relativos a la atención a la ciudadanía, a la presentación y registro de documentación, Lezertua ha informado de que se ha detectado que en algunas oficinas hay demoras en la asignación de la cita, «siendo esta una cuestión de enorme importancia por ser la fecha de presentación de solicitud, la del reconocimiento de la prestación» y ha planteado la posibilidad de implantar un teléfono gratuito para las citas previas.

El informe señala que se han constatado «importantes carencias» en la información que se ofrece con relación a los requisitos y a las obligaciones que deben cumplir que o es «incompleta o insuficiente» o se utiliza un lenguaje «muy técnico y administrativo que resulta muy lejano y no facilita su comprensión».

En este sentido, ha recordado que se trata de una prestación, que "en muchas ocasiones, sirve para poder hacer frente a las necesidades más básicas de familias con niños a cargo", por lo que cree que se debe "dar prioridad a la información que se ofrece a las personas, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de las consecuencias que conlleva el incumplimiento de obligaciones".

Respecto a la documentación que se exige, entre las quejas destacan las que afectan a las personas inmigrantes que tienen que presentar un certificado traducido y legalizado para acreditar que no disponen de recursos suficientes.

«Esta exigencia tiene un coste elevado por lo que se plantea si en estos casos cabe valorar si hay razones justificativas que expliquen la imposibilidad de presentarlo y ponderar si con la aportación del resto de los documentos se cumplen los requisitos», ha indicado.

Otro capítulo del informe hace referencia a las discrepancias en la interpretación de la normativa de aplicación, como los requisitos para ser titular de la RGI, las causas que dan lugar a la suspensión y extinción de las prestaciones, o bien determinados aspectos como son los relativos a la prestación por hijo a cargo (PHC) y a la interpretación de algunos preceptos legales, entre ellos el que regula los ingresos atípicos.

Respecto a los requisitos, el Ararteko mantiene «importantes discrepancias» con Lanbide y pone como ejemplo el hecho de que se pueda suspender la prestaciones a la persona que se ausente de la CAV durante más de 90 días «a pesar de estar inscrita en el padrón y mantener un domicilio en la Comunidad Autónoma del País Vasco, incluso con hijos escolarizados».

Asimismo, ha denunciado las dificultades que conlleva el cumplimiento del requisito de que las parejas vivan juntas en el caso de que uno de sus miembros sea una persona extranjera de un Estado ajeno a la Unión Europea, ya que «esa reagrupación y convivencia es imposible porque no depende de su voluntad por su condición de personas extranjeras sino de la concesión de un visado y una autorización de residencia».

Para el Ararteko, una interpretación más garantista del requisito, podría ser que en los casos en los que se deniegue la reagrupación familiar se pueda ser titular de la RGI.

También ha criticado el tratamiento de Lanbide a las personas que tienen 18 años cumplidos y con una discapacidad reconocida del 65% o más, ya que son causantes pero no titulares de la prestación por hijo a cargo y ha pedido compromiso por parte del Gobierno de Lakua para garantizar de una protección social básica a este colectivo.

El Ararteko mantiene también una opinión discrepante con relación a la previsión relativa a los ingresos atípicos y no comparte con Lanbide que la formalización de un préstamo tenga la misma naturaleza que una indemnización o que una herencia o donación por lo que estima que dicha equiparación «no tiene cobertura legal».

Prestaciones indebidas

Sobre la reclamación de prestaciones percibidas de manera indebida, el Ararteko indica que se debe exigir una «diligencia impecable tanto en la concesión inicial y en las modificaciones posteriores en la cuantía reconocida, como en su control» y defiende que «una gestión adecuada y ágil de las prestaciones y una vigilancia sobre el cumplimiento de los requisitos es un imperativo legal y ético».

Para el Ararteko, el incumplimiento de obligaciones por parte de una unidad de convivencia cuando cumple los requisitos para ser titular del derecho a la prestación es «excesivamente gravosa» y cree que casos como comunicar con retraso un cambio de domicilio, no presentar los recibos justificativos de los gastos de alquiler o salir unos días de la CAV, da lugar a «consecuencias desproporcionadas» como la suspensión o devolución de la prestación.

Por todo ello, Lezertua ha pedido a los grupos parlamentarios una «reflexión sobre estas disfunciones, por los perjuicios que está implicando en la ciudadanía».