Lakua y PNV quitan hierro al veto a víctimas policiales
Unas declaraciones del delegado español en la CAV, Javier de Andrés, en las que afirmaba «estar por la reparación» de víctimas policiales y de guerra sucia pero a la vez mantenía el rechazo a una valoración extrajudicial ha servido a Lakua y PNV para quitar gravedad al recurso que bloquea su ley. Primero Jonan Fernández dijo ver en esas palabras una vía de salida y ayer Joseba Egibar añadió que no ayuda que «haya una ETA desarmada y no desaparecida».
El recurso del Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional ha bloqueado el reconocimiento y reparación a víctimas de abusos policiales y guerra sucia mediante la ley aprobada hace ahora un año por el Parlamento de Gasteiz. El veto se materializó además apenas 48 horas después de los acuerdos PNV-PP y Lakua-Madrid de primeros de mayo. Pasado mes y medio, tanto la formación jelkide como el Gobierno de Urkullu han aprovechado unas intrascendentes palabras del delegado español en la CAV, Javier de Andrés, para restar peso a la cuestión.
De Andrés dijo el jueves que no está en contra de la reparación de esas víctimas nunca reconocidas, pero mantuvo el criterio que lo bloquea de facto: para ello debe haber una sentencia judicial que pruebe el hecho en cuestión (lo que no ocurre en casi ningún caso) y una comisión de valoración como la prevista en la ley de la CAV no puede ejercer esa función.
Las declaraciones no suponen por tanto ningún cambio en la cuestión, pero tanto Lakua como el PNV han decidido ponerlas en valor. Jonan Fernández aseguró el viernes en ETB1 que De Andrés «dijo algo importante, ya que afirmó que no están en contra de la reparación de estas víctimas», algo que, en su opinión, «supone un avance y buscar la solución creo que será más sencillo». Para el responsable de Paz y Convivencia de Lakua, si Madrid «está verdaderamente dispuesto a reconocer y reparar a estas víctimas, puede hacer una ley, o debería hacerla, porque esto es una obligación del derecho internacional».
En otro pasaje de la misma entrevista, Fernández se mostró más ajustado a la realidad al recordar que si el Estado reconociera solo a las víctimas de ETA cuyos casos cuentan con sentencia judicial firme, muchas quedarían fuera (unas 300). Sus casos los avala una comisión de evaluación equiparable a la que se veta a la CAV para las víctimas policiales y de guerra sucia.
Ayer, en Radio Euskadi, el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, también se mostró algo comprensivo con la posición del Gobierno español al indicar que en la impugnación «ha pesado» que haya «una ETA desarmada y no desaparecida».
Como Fernández, Egibar dijo ver «un avance» en las palabras de De Andrés. Según su interpretación, a falta de la disolución de ETA al Estado le «escuece políticamente pasar a reconocer expresamente que ha habido vulneraciones de derechos humanos practicadas por funcionarios públicos y que ha habido bandas y grupos terroristas que han actuado con ese solapamiento con la Administración».