La fiscal general de Venezuela rehúsa comparecer ante el TSJ
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela tiene previsto emitir en un plazo de cinco días el veredicto sobre la retirada de inmunidad a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que ya da por hecho que será apartada del cargo y ayer rehusó comparecer ante el Tribunal.
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela comenzó ayer una audiencia pública sobre el antejuicio de mérito (retirada de inmunidad), promovido por el diputado chavista Pedro Carreño. El presidente del tribunal, Maikel Moreno, advirtió de que la institución se reserva el derecho de tomar cualquier medida contra Ortega.
Para Carreño, Ortega es una traidora a la patria que «vendió su alma al diablo» y acusó a la actual responsable del Ministerio Público de aliarse con poderes extranjeros y de no tomar medidas contra los opositores que han cometido actos de violencia en el marco de la ola de protestas antigubernamentales.
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, propuso durante la sesión que Ortega sea sometida a una «prueba de la verdad» para determinar, entre otras cuestiones, el trasfondo de su campaña contra los magistrados del Supremo.
Ortega alega que no aprobó la designación de los jueces en diciembre de 2015 por tratarse de un «proceso viciado». La fiscal no acudió ayer a este acto porque, según sus propias palabras, la decisión «ya está cantada». Asimismo, señaló que no reconoce ni a los miembros que participan en la vista oral, cuya designación intentó impugnar, ni al TSJ en su conjunto, al que acusó de violar la Constitución.
Ortega Díaz asumió que la cita judicial concluirá con su destitución, dado que todas las decisiones que el alto tribunal ha dictado hasta ahora han perjudicado a la Fiscalía General.
«Yo no he cometido delitos ni faltas», insistió. Ortega Díaz sostiene que su único delito ha sido denunciar «una ruptura del hilo constitucional».
En este sentido aseguró que está en marcha un «golpe de Estado» más «grotesco» que el que se dio contra el fallecido presidente Hugo Chávez en 2002 por parte del empresario Pedro Carmona y afirmó que, al igual que entonces, se están disolviendo los poderes públicos.
Así las cosas, anticipó que, en el caso de que sea cesada,«no quedará otra que colaborar para restablecer la democracia» en Venezuela y que lo hará «en la defensa de la institucionalidad democrática que representa el Ministerio Público. Seguiré en la lucha y vamos a triunfar».
Referéndum inconstitucional
Por otra parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó de inconstitucional cualquier consulta popular impulsada al margen del Poder Electoral del país, un día después de que la oposición anunciara un referendo para que los ciudadanos se pronuncien sobre la Asamblea Constituyente que impulsa el Gobierno.
Maduro leyó varias disposiciones de la Constitución vigente para concluir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único poder que puede organizar cualquier proceso de votaciones.
«Para uno convocar consultas públicas de carácter nacional refrendarias, tipo referéndum, amerita cumplir un conjunto de requisitos y mecanismos constitucionales y nadie puede pretender convocar consultas públicas que tengan carácter vinculante violando la constitución, los derechos establecidos aquí, o por su cuenta, a lo loco», agregó el presidente.