La Fiscalía archiva las diligencias por el biogás de Ultzama

La Fiscalía no ve delito en las irregularidades detectadas por Comptos en torno a la planta de biogás de Ultzama. El fiscal ha hecho pública el día anterior al inicio de las fiestas de San Fermín su decisión de «archivar las presentes Diligencias de Investigación, por no resultar acreditada la comisión de los delitos denunciados».

En el decreto, que emplea una argumentación muy técnica, la Fiscalía recoge que de la investigación de Comptos se desprendían indicios de que el sistema de facturación cruzada que se empleó para obtener subvenciones «podría ser aparentemente constitutivo de sendos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental». No obstante, razona que finalmente no se cometieron dichos delitos agarrándose a jurisprudencia del Supremo.

Por un lado, descarta la prevaricación porque las irregularidades cometidas en el Ayuntamiento no fueron «injustas», en el sentido de que los trámites irregulares no fueron «esperpénticos» o «irracionales». Tampoco considera que quienes tomaron esas decisiones lo hicieran «a sabiendas» de que lo que hacían no era correcto.

Más rocambolesco, si cabe, es el razonamiento que emplea el fiscal para negar que hubiera falsedad documental. Como se recordará, en el informe de Comptos se había detectado que se habían elaborado dos facturas distintas por un mismo trabajo. Una de esas facturas se empleó para conseguir ayudas públicas del Gobierno de Nafarroa y la otra, para obtener subvenciones del Ministerio. Lo que sostiene el fiscal es que el trabajo realizado es real y que ninguna se puede considerar falsa como tal, en tanto que pagaron IVA y el trabajo al que hacen referencia se realizó.

En cuanto al delito de fraude en subvenciones, considera que como las ayudas se obtuvieron a nombre de empresas distintas aunque fueran para el mismo trabajo las ayudas no se acumularon. Además, concluye también que estaría prescrito.

El fiscal también ha tenido que desmontar que se hubiera cometido prevaricación administrativa en la contratación. No discute que la contratación es irregular, si bien sostiene que la sanción debiera ser administrativa y no penal. 

En último término, el decreto del fiscal dice que el denunciante tiene la puerta abierta, si quiere, para «formular una denuncia ante el juez de instrucción competente».