La ONU considera una violación de los DDHH los desahucios sin alternativas
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU considera que Madrid vulneró el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores que fue desalojada en 2013, «sin que existiera una confirmación de la disponibilidad de vivienda alternativa».
El pasado 20 de junio el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las ONU, con sede en Ginebra, dictaminó que el desahucio de Mohamed Ben Djazia Bourmouz y Naouel Bellili, que residían en una habitación de alquiler en Madrid junto a sus dos hijos menores, constituyó una violación de su derecho a una vivienda adecuada.
En un comunicado, Stop Desahucios Euskadi explicó ayer que, en su dictamen, «la ONU da al Estado español un plazo de seis meses para que proporcione a las personas desalojadas una vivienda alternativa, especialmente si hay personas mayores, niños u otras personas vulnerables; se adopten medidas legislativas o administrativas para que en los procesos de desalojo de inquilinos el juez deba considerar las consecuencias; y se resuelvan los problemas de coordinación entre los jueces y los servicios sociales».
«El dictamen de la ONU, referido a las viviendas de alquiler públicas o privadas, obliga a tomar medidas urgentes, justamente ahora, cuando desde Stop Desahucios acabamos de denunciar el alarmante aumento de los desahucios por impago de alquiler en Euskadi, 217 de los 326 en el primer trimestre de este año», señaló la coordinadora autonómica, que insistió en la necesidad de reformar el «desahucio express», previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos, «que solo permite discutir el pago de la renta». Asimismo, propuso aumentar el parque de viviendas de alquiler social, «actualmente insignificante, ya que solo hay una vivienda social por cada cien».
En este sentido, Stop Desahucios Euskadi exigió al Ejecutivo de Iñigo Urkullu, «al que ya presentamos nuestras propuestas sobre la vivienda por escrito en febrero, que tome medidas urgentes y efectivas para que no haya ningún desahucio sin alternativa habitacional, y especialmente para que se garantice el derecho humano fundamental a una vivienda digna».
Cabe destacar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU considera que, «el desalojo de los autores –en alusión a la familia desahuciada en hace cuatro años en Madrid–, sin que les fuera garantizada una vivienda alternativa por las autoridades del Estado parte en su conjunto, incluidas las autoridades regionales de Madrid, constituyó una violación de su derecho a la vivienda adecuada».