La Guardia Civil apunta ahora a los defensores del referéndum pactado

Amparada por el secreto de sumario y la manga ancha del juzgado, la Guardia Civil sigue llamando a declarar a cargos públicos, funcionarios, trabajadores de empresas contratadas por la Generalitat y personas vinculadas al proceso. Ayer fue el turno del coordinador del Pacto Nacional por el Referéndum, la plataforma que recogió medio millón de firmas a favor del plebiscito acordado. También declaró el secretario de Comunicación del Govern, Jaume Clotet.

El cuartel de la Guardia Civil de la Vila de Gràcia, en Barcelona, volvió ayer a ser testigo de un desfile de personas vinculadas de un modo a otro al proceso soberanista. El más significativo fue el coordinador del Pacto Nacional por el Referéndum (PNR) y responsable de recoger 500.000 firmas a favor del plebiscito acordado con el Estado. Repetimos: a favor del referéndum acordado con el Gobierno español. Joan Ignasi Elena fue citado a declarar por el instituto armado en el marco de las investigaciones abiertas por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que parapetado tras el secreto de sumario, está dejando hacer a su antojo a la Guardia Civil.

Así lo aclaró ayer, por fin, el propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que a través de Twitter apuntó que «las diligencias que realiza la Guardia Civil son diligencias de policía judicial y no solicitadas por el magistrado». Es decir, es el instituto armado el que, sin ningún tipo de orden judicial, está citando a todo tipo de funcionarios, cargos públicos, activistas y trabajadores de empresas contratadas por la Generalitat. Además, en contra de lo filtrado por la Guardia Civil a la prensa sobre la imputación del secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, el TSJC también dejó claro que en la causa del juzgado número 13 «constan como investigados Santiago Vidal, Carles Viver Pi-Sunyer y Josep Lluís Salvadó». Por tanto, Nin y otros, como mucho, están siendo investigados por la Guardia Civil, pero ningún juez los ha imputado.

Ante las aclaraciones del máximo tribunal español en Catalunya, el conseller de Justicia, Carles Mundó, consideró que «es urgente saber por orden de quién actúa la Guardia Civil cuando interroga funcionarios, empresas y cargos públicos».

Por su parte, a la salida del cuartel, Elena afirmó que «es necesario decir basta a la utilización de los instrumentos del Estado para perseguir la disidencia política de todo tipo». «El Gobierno español se debe quitar la venda de los ojos y dialogar atendiendo a la voluntad mayoritaria del pueblo de Catalunya», añadió el también exdiputado del PSC, que consideró que «lo acabarán pagando electoralmente».

También prestó declaración ante la Guardia Civil el director general de Comunicación del Govern, el periodista Jaume Clotet, que tras comparecer durante tres horas, salió también como investigado, igual que Nin la víspera. Aunque no trascendió cuáles son los supuestos delitos por los que la Policía judicial le investiga, ayer sí trascendió que a Nin se le achacan posibles delitos de sedición, rebelión, desobediencia, prevaricación, revelación de secretos y malversación. Si de meter el miedo en el cuerpo se trata, no está mal, teniendo en cuenta el abultado castigo penal contemplado para esta serie de delitos. Sin embargo, el juez todavía no ha dicho esta boca es mía.

Una causa multiusos

El secreto de sumario decretado por el juez está facilitando una confusión constante sobre la causa abierta y la actuación de la Guardia Civil. Por ejemplo, no acaba de quedar para nada claro el motivo de las citaciones. Es decir, el objeto concreto de las investigaciones. Un repaso a la secuencia seguida, sin embargo, muestra que la causa funciona a modo de cajón de sastre en el marco del cual la Guardia Civil hace y deshace, cita y tantea, a cualquiera que tenga que ver con el proceso soberanista.

La causa se abrió tras la querella interpuesta por el partido ultra Vox a raíz de las declaraciones del exsenador de ERC (y exjuez) Santiago Vidal, que aseguró que la Generalitat ya estaba saltándose la ley española para preparar el referéndum. A partir de ahí, todo ha sido silencio por parte del juez instructor hasta el miércoles, cuando respondió a la solicitud de la CUP de personarse como investigada en la causa. El juez denegó la autoinculpación de los cuperos «habida cuenta que esta causa no tiene por objeto la organización política ni la convocatoria de un referéndum ni es una causa general contra los que directa o indirectamente tuvieran interés en él».

Las explicaciones del juzgado contradicen la información que la Guardia Civil está filtrando a los medios españoles, según la cual en el marco de esta causa están investigando todo lo relativo a los preparativos del referéndum. De hecho, las citaciones realizadas hasta ahora –cerca de una docena– han tenido como objeto de investigación actos como la presentación de la Ley del Referéndum en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) el pasado 4 de julio, o la habilitación de la web del Pacto Nacional por el Referéndum. Al menos así se ha publicado en los medios que reciben las filtraciones policiales.

Se trata, por tanto, de un totum revolutum en el que cabe todo y del que es difícil sacar nada en claro hasta que el juez de instrucción diga esta boca es mía y aclare qué está investigando, quién está imputado y por qué. Mientras tanto, no son pocos los que ven en la actuación de la Guardia Civil una pieza más de la estrategia de presión y de miedo hacia los cargos intermedios encargados de organizar el referéndum. «Un preludio del estado de excepción», apuntó el portavoz de la CUP Quim Arrufat.

Está por ver, sin embargo, que la estrategia del miedo sea efectiva. De momento, ayer la Guardia Civil consiguió el milagro de poner de acuerdo a todo el independentismo, a los comuns y hasta el PSC, cuyo diputado Ferran Pedret consideró «fuera de lugar» y «absurda» la citación de Joan Ignasi Elena.

Vía libre al recurso contra el nuevo reglamento del Parlament

La reforma del reglamento del Parlament aprobada el miércoles, que permitirá a la cámara catalana hacer lo que ya es posible en el Congreso de los Diputados –tramitar por lectura única una proposición de ley presentada por un grupo parlamentario–, está a punto de convertirse en la enésima iniciativa catalana recurrida por el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional.

Tras la petición realizada el mismo miércoles por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, el Consejo de Estado acordó ayer por unanimidad un dictamen en el que observan suficientes fundamentos jurídicos para llevar la reforma ante el TC. Es el paso previo a la presentación formal del recurso de inconstitucionalidad ante el alto tribunal, algo que probablemente ocurrirá hoy mismo, aprovechando la última reunión del Consejo de Ministros antes de las vacaciones estivales.

Tras la presentación será tarea del Tribunal Constitucional aceptar o no el recurso, algo que, por otra parte, prácticamente siempre ocurre. Ello conlleva la inmediata suspensión cautelar de la reforma del reglamento, por lo que los diputados de JxSí y la CUP tendrán que volver a desobedecer al TC si quieren tramitar la Ley del Referéndum a través de este nuevo reglamento.

El recurso engrosa la larga lista de normas catalanas recurridas ante el TC. De hecho, casi la mitad de los conflictos territoriales registrados en el Constitucional tienen que ver con Catalunya. De los 39 que hubo en 2016, 18 tenían detrás a la Generalitat.B.Z.