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El amplio rechazo social a las minas de oro se manifestará en Baiona

Antes de que París decida si da carta blanca para extraer oro, la sociedad de Ipar Euskal Herria se movilizará para decir alto y claro que «no permitiremos que lo hagan». Altos cargos políticos acudirán a la manifestación que tendrá lugar el 16 de setiembre en Baiona.


En otoño se dará a conocer si el Gobierno francés concede la licencia a la empresa Sudmine para que pueda proceder a la inspección de la cuenca del río Errobi con el fin de buscar oro en la zona. Agricultores, productores, ecologistas y prácticamente todo el espectro político de Ipar Euskal Herria se han declarado en contra del proyecto y llaman a manifestarse.

Por ese motivo representantes de diversos organismos comparecieron ayer en rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de la movilización que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre en Baiona. La manifestación, que partirá a las cuatro de la tarde del polideportivo Lauga, irá precedida por los grupos convocantes pero también contará con el apoyo de personalidades importantes de la esfera política. Entre los representantes políticos que han anunciado su asistencia a la movilización se encuentran entre otros, Jeane-Rene Etchegaray (presidente de la mancomunidad vasca) y Vincent Bru (diputado y ex-alcalde de Kanbo).

En parís, callan y se pasan la pelota

Caroline Philips, presidenta del consejo de desarrollo, denunció no haber recibido respuesta a las misivas que envió al director de la empresa Sudmine y al ministro de Economía, Bruno Le Marie, al que le advirtió con una segunda carta que «si no obtenía respuesta se vería obligada a secundar la manifestación contra las minas de oro».

Al que sí le ha contestado el ministro de Economía es al presidente Etchegaray. En una nota muy escueta datada el 16 agosto, Le Marie indica que «ha tomado nota», pero lejos de mostrar voluntad de implicarse, se limita a informar que ha pasado el dossier a M.Paul Delduc, director general de planificación territorial, vivienda y naturaleza.

Ciertamente, a medida que avanza el proceso, va aflorando el trasfondo político de la cuestión. Panpi Olaizola, representante de EHLG y uno de los organizadores de la marcha, declaraba ayer que «tras constatar que el dossier presentado por Sudmine cumplía con todos los requisitos, la cuestión ha pasado de ser meramente técnica a ser puramente política». Por lo tanto, los responsables políticos del exágono «deben decidir si inclinan la balanza hacia el lado de las potencias económicas o escuchan el sentir mayoritario de la gente».

Una cuestión política

Lo que en un principio parecía una simple propuesta con escasas posibilidades de avanzar, se ha convertido en un macroproyecto que puede suponer una amenaza real para el entorno y los diferentes sectores de la población que componen una parte importante de Ipar Euskal Herria.

La cuestión se remonta a otoño del año 2015, cuando la suprefectura informó de que una empresa estaba interesada en extraer oro de las antiguas minas que hay en la zona. El proyecto de Sudmine abarcaría un área de 126 kilómetros cuadrados y afectaría a once municipios. El prefecto quería saber qué opinión tenían los afectados al respecto. Ainhoa, Kanbo, Ezpeleta, Haltsu, Itsasu, Jatsu, Larresoro, Sara, Senpere, Zuraide y Uztaritze se opusieron de inmediato al plan.

Entre las numerosas razones que los opositores esgrimen predominan la contaminación y la incompatibilidad del proyecto con el desarrollo territorial. Denuncian que no se toman en cuenta las actividades económicas de la zona, como son las termas de Kanbo o la agricultura en torno a los pimientos de Ezpeleta y las cerezas de Itsasu. En ese sentido, Martine Bouchet (CADE) advertía que «si se perjudica el entorno y a los agricultores, el daño también afecta a otros sectores».

Stop mines: Informar y movilizar

Desde el principio fueron numerosas las voces que se alzaron en contra del proyecto, tanto de instituciones como de sectores populares. Así surgió “Stop Mines EH”, que durante dos años ha hecho una gran labor de información y movilización. La última manifestación que organizó el colectivo tuvo lugar el 11 de febrero en Ezpeleta, donde se reunió más de un millar de personas.

Con anterioridad también se hicieron movilizaciones y reuniones públicas. Entre ellas destaca la concentración del 10 de junio de 2016 en Senpere. Christian Vallier, portavoz de Sudmine, aclaró que querían escuchar los temores y opiniones de la gente con el fin de crear un “convenio social sobre la mina” e invitó a actores del sector económico y agentes políticos. Finalmente la reunión no se celebró porque la mayoría de los invitados reusó asistir a la reunión.